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Los partidos políticos que fomenten el odio y la violencia serán declarados ilegales

El anteproyecto de la nueva ley de formaciones políticas fue enviado ayer por el Consejo de Ministros al Consejo de Estado y al CGPJ, y determina que el patrimonio resultante de la disolución de los grupos se destinará a actividades con fines sociales o humanitarios.

EFE, Madrid
23/mar/02 22:04 PM
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EFE, Madrid

El anteproyecto de la nueva ley de partidos políticos enviado ayer por el Consejo de Ministros al Consejo de Estado y al CGPJ establece que "será declarado ilegal el partido que vulnere los derechos fundamentales o propicie el odio y la violencia", y determina que el patrimonio resultante de su disolución se destinará a actividades con fines sociales o humanitarios.

El borrador de esta nueva Ley de Partidos Políticos señala que éstos "se ajustarán, en su organización, funcionamiento y actividad, a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes".

El texto, que se divide en doce artículos agrupados en cuatro capítulos y seis disposiciones adicionales, reforma además dos artículos de la Ley Electoral General y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El anteproyecto establece que sea la Sala Especial del Tribunal Supremo el órgano competente para poder disolver un partido político, cuando éste apoye el terrorismo o conductas contrarias a la Constitución. El procedimiento lo podrán instar el Gobierno, el Ministerio Fiscal, 50 diputados ó 50 senadores.

Sin cambio de nombre

La disolución de un partido conllevará la apertura de un proceso de disolución patrimonial e impedirá el cambio de denominación, con el objeto de que una organización ilegalizada pueda acudir a una convocatoria electoral bajo nuevas siglas.

Otra novedad es que el patrimonio neto resultante de la disolución se destinará a actividades con fines sociales o humanitarios.

El primero de los cuatro capítulos del borrador hace referencia a la creación de los partidos políticos. Así, en el artículo 3, el que habla de la constitución y personalidad jurídica de estas organizaciones, se especifica que su denominación "no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o a confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o a los derechos fundamentales de las personas".

Asimismo, en el artículo 5 se establecen los indicios que pueden llevar a la ilicitud penal de un partido en el momento de su constitución e inscripción en el registro correspondiente, que ha de ser promovida por el Ministerio del Interior y comunicada al Ministerio Fiscal.

El capítulo segundo, que habla de la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos, establece en su artículo 6 que estas organizaciones se han de ajustar a los principios democráticos y constitucionales, "desarrollando las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo".

De esta forma, según el borrador, un partido político será declarado ilegal cuando su actividad no se ajuste, de forma reiterada y grave, al respeto de los valores democráticos, o cuando "persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático".

En cualquier caso, en virtud del artículo 8 podrán ser declarados ilegales los partidos cuando éstos o las personas a ellos vinculadas "fomenten el odio, la violencia y la confrontación social como método para la consecución de objetivos políticos".

También lo serán "cuando promuevan o defiendan atentados contra la vida, la integridad o la dignidad de la persona, o el libre desarrollo de la personalidad", entre otros.