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El fiscal pide al Tribunal Supremo que ejecute la sentencia de ilegalización de Batasuna


EFE, Madrid
8/abr/03 3:29 AM
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EFE, Madrid

El fiscal José María Luzón solicitó ayer a la Sala Especial del Tribunal Supremo que ejecute la sentencia por la que se acordó la ilegalización de Batasuna-EH-HB y ordene la disolución de los grupos de esta formación en el Parlamento vasco, diputaciones y ayuntamientos de esta comunidad autónoma y Navarra.

Para poder proceder a la disolución de los grupos, Luzón pide a la Sala Especial del Supremo, en un escrito de dos folios que consta de cuatro puntos, que comunique dicha resolución, dada su firmeza, a los presidentes de los Parlamentos y Gobiernos del País Vasco y Navarra y a los de las Diputaciones, "así como a los alcaldes" de los municipios vascos y navarros.

Estos deberán notificar la orden de disolución a los integrantes de los grupos de Batasuna-EH-HB "con los debidos apercibimientos", señala el fiscal en su escrito en el que explica que la "disolución es obligada consecuencia" de la sentencia por la que se ilegalizó a estas formaciones políticas y que "implica la imposibilidad legal de actividad bajo dicha denominación".

Cancelaciones

El fiscal insta también al TS a que "efectúe las procedentes comunicaciones ordenando la cancelación de las inscripciones de HB, EH y Batasuna en el Registro de Partidos Políticos" y la de la página web en internet www.batasuna.org.

En cuanto al proceso de liquidación patrimonial, Luzón pide a la Sala Especial del TS que acuerde su apertura y designe a los tres liquidadores previstos en la Ley de Partidos para el embargo de sus bienes, parte de los cuales ya fueron embargados por el juez Garzón en la causa en la que el 26 de agosto decretó la suspensión de actividades de Batasuna.

Además, el fiscal solicita al alto tribunal que se dirija a las entidades bancarias y Registros de la Propiedad del País Vasco y Navarra, así como a la Policía Judicial de ambas comunidades, para que investiguen y faciliten la relación de bienes y derechos de las formaciones políticas ilegalizadas.