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El PP propone al PSOE forzar nuevas elecciones autonómicas

El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, podría aceptar la propuesta, pero antes procurará agotar todos los plazos con el anhelo de que sus dos diputados disidentes acepten al fin renunciar a sus escaños, ya que no permitiría formar gobierno con el apoyo de los dos expulsados.
COLPISA, Madrid
13/jun/03 18:07 PM
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El Partido Popular ha diseñado ya su estrategia para resolver el problema de la Comunidad de Madrid y busca ahora implicar en ella al PSOE. La idea, propuesta por Esperanza Aguirre en la Asamblea regional, consiste en no presentar candidato alguno a la sesión de investidura y forzar así una nueva convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de formar gobierno. El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, podría aceptar la propuesta, pero antes procurará agotar todos los plazos con el anhelo de que sus dos diputados disidentes acepten al fin renunciar a sus escaños.

Las posibilidades de que Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez terminen por ceder a las presiones de su partido -del cual ya han sido expulsados- parecen lejanas pero, tras haber rozado con sus manos la Presidencia de la comunidad, Simancas no quiere tirarse de cabeza a una situación tan incierta como la que abriría otro periodo electoral.

Aguirre, en cambio, no tiene nada que perder. Sus alternativas son hacer oposición o verse obligada a gobernar sin mayoría absoluta y a expensas de las decisiones que tomen los "rebeldes" que, con su ausencia, permitieron a la "popular" Concepción Dancausa alzarse con la Presidencia del Parlamento de Madrid el martes. La candidata del PP aseguró hoy que no utilizará los votos de estos dos diputados para arrogarse la Presidencia de Madrid. Así respondió a una exigencia del PSOE que, a la postre, se ha vuelto a su favor.

Hasta ayer cabía la posibilidad de que Tamayo y Sáez, ya desde el grupo mixto, terminaran por apoyar la investidura de Simancas. Ahora eso ha quedado descartado, pero no porque ellos estén resueltos a no hacerlo (que quizá también), sino porque el candidato socialista rechazará sus votos vayan en la dirección que vayan. Tal y como están las cosas, parece bastante probable que la iniciativa de Esperanza Aguirre -respaldada por el conjunto de su partido, según aseguró ayer el secretario general de la organización, Javier Arenas-, salga adelante.

Quince días

En las previsiones de Concepción Dancausa está agotar el plazo de quince días del que según el reglamento de la Cámara regional dispone antes de presentar un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al pleno. Ayer se reunió con los representantes de los tres grupos parlamentarios -Fausto Fernández por Izquierda Unida, Simancas por el PSOE y Aguirre por el PP- y a partir de ahora tendrá que decidir, por su cuenta o con nuevas consultas, quién de ellos es el más idóneo, es decir, quién tiene posibilidades de obtener en la sesión de investidura el respaldo de la mayoría absoluta de la Asamblea o, en su defecto, el de la mayoría simple.

Sin recuperar el acta de diputados de Tamayo y Sáez, Simancas no intentará convencer a Dancausa de que le presente como aspirante y Esperanza Aguirre, desde luego, no tiene ni la más mínima intención de esgrimir que, sin los votos de los díscolos, ella tiene el apoyo de la mayoría (55 votos de 111, frente a los 45 que le quedarían al PSOE más los 9 de IU).

Un abogado presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En el despacho del abogado Fernando Pamos de la Hoz, la denuncia fue presentada ayer por este letrado ante el registro de la Fiscalía General, aunque las fuentes no determinaron si se trata de una iniciativa personal o un encargo profesional. La denuncia se dirige contra los dos diputados electos que, con su ausencia en la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid, propiciaron que el PP se hiciera con la Presidencia de la Cámara. El escrito, explicaron fuentes jurídicas, consta de un folio en el que indica que la denuncia se dirige contra ambos parlamentarios regionales por si hubiesen cometido los delitos señalados.