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Condenan a 33 años a uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco

El tribunal impone a Muñoa penas en los niveles superiores por "la extrema gravedad y trascendencia" del crimen. Ayudó y encubrió al comando etarra y aceptó "la alta probabilidad de que acabase con la muerte del concejal".
COLPISA, Madrid
11/oct/03 20:58 PM
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El ex concejal de HB de Éibar (Guipúzcoa) Ibón Muñoa cumplirá 33 años de cárcel por su complicidad en el secuestro y asesinato en 1997 del ex edil popular de Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco, al que un comando de ETA mató el 12 de julio de dos disparos en la cabeza.

El tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional impuso ayer a Muñoa, de 45 años, 14 años de prisión por el delito de secuestro terrorista y 19 años de cárcel por el de asesinato terrorista. También le condena a indemnizar a los padres de la víctima con 500.000 euros, "por el gravísimo sufrimiento que se deriva de las características de los hechos".

La Audiencia Nacional considera probado que Muñoa colaboró y encubrió a los tres miembros del "comando Donosti" y que lo hizo pese a saber "la alta probabilidad de que la detención desembocase en la muerte del detenido".

Los magistrados no aceptan, sin embargo, las tesis de la fiscal y de la acusación particular, que acusaron a Muñoa de ser el colaborador necesario en la comisión de ambos delitos, por lo que pidieron para él penas de 43 y 53 años de cárcel, respectivamente. El tribunal entiende que el acusado es "eficaz" cómplice en los delitos, pero no cooperador necesario, porque la pruebas indican que fue "un instrumento escaso" y que no decidió sobre la vida de la víctima.

Pese a ello, la sentencia indica que el tribunal le impone las penas por complicidad en sus niveles superiores, para atender "a la extrema gravedad de los hechos y a la trascendencia que, para una sociedad civilizada y para los derechos humanos a ella inherentes, encierra el uso de violencia corporal para eliminar al adversario político y conseguir fines en ese orden". Con este agravamiento, el tribunal quiere responder a la inmensa movilización y repulsa social que provocó el secuestro de Blanco el 10 y 11 de julio de 1997 en todo el país y a la no menor marea de indignación que desencadenó su asesinato, el 12 de julio.