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Un Constitucional dividido retrasa su decisión sobre el plan Ibarretxe

El alto tribunal decidió, tras tres días de discusiones, aplazar hasta enero su pronunciamiento sobre si admite o no a trámite la impugnación presentada por el Gobierno en contra del proyecto soberanista del lehendakari.
COLPISA, Madrid
5/dic/03 23:35 PM
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COLPISA, Madrid

Un Tribunal Constitucional dividido decidió ayer aplazar hasta el próximo mes de enero su primer pronunciamiento sobre el plan Ibarretxe.

Los doce magistrados, que tras tres días de discusión no lograron ponerse de acuerdo en si debe admitirse a trámite la impugnación del Gobierno contra el proyecto, optaron por pedir a las partes implicadas, el Ejecutivo central y las instituciones vascas, que les den su opinión sobre el tema antes de volver a intentar adoptar una resolución definitiva.

En esta decisión, además de las disensiones, también habría pesado la necesidad de relajar un poco la presión social que soportan los magistrados, evitar que las instituciones vascas aleguen en el futuro indefensión y liberar de polémica la celebración del 25 aniversario de la Constitución, que se conmemora el próximo fin de semana.

Los doce magistrados que componen el pleno paralizaron ayer el debate iniciado el martes pasado para determinar si aceptan o no tomar en consideración la impugnación que el Gobierno presentó contra el acuerdo del Ejecutivo vasco que aprobó el plan Ibarretxe (25 de octubre) y contra el acuerdo del Parlamento vasco que aceptó iniciar la tramitación de esta reforma del Estatuto de Gernika por el procedimiento ordinario (4 de noviembre).

El Consejo de Ministros solicitó la admisión a trámite de la impugnación y la anulación por ilegales ambos acuerdos. Si el tribunal admite cualquiera de las impugnaciones, esa decisión supondría la inmediata paralización de la discusión del plan en el Parlamento vasco por un plazo máximo de cinco meses, prorrogable en el caso de que a su término aún no haya sentencia sobre el fondo del asunto.

Tres días de discusión han sido insuficientes para que el Constitucional se pusiese de acuerdo sobre si la pretensión del Gobierno debe ser estudiada a fondo o si ni siquiera debe ser tomada en consideración, por estar dirigida contra acuerdos que todavía carecen de repercusión legal alguna y que, por lo tanto, no pueden ser controlados constitucionalmente.

El pleno, que quedó suspendido ayer sobre las 13:00 horas, decidió, antes de continuar con la discusión, recabar argumentos concretos a favor y en contra de las propias instituciones implicadas.