El alcalde de Alcaucín (Málaga), el socialista José Manuel Martín Alba, fue detenido ayer junto a otras doce personas en una operación contra la corrupción urbanística que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de Axarquía.

Así se desprende de las investigaciones de la Guardia Civil, cuyos agentes, en el marco de la "operación Arcos", comenzaron a primera hora de la mañana a registrar el Ayuntamiento de este pequeño pueblo del interior de la Axarquía malagueña, además del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.

El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado en varias ocasiones el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.

Doce de las detenciones se practicaron en la provincia de Málaga, y una -la de un constructor- en la de Huelva.

Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación revelaron que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas (los dueños de dos empresas -Crocasa S.L. y Alta Axarquía- y familiares) además de un intermediario.

La operación ha destapado una trama que supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.

Las pesquisas apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades.

Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

La operación causó un gran revuelo en el municipio malagueño, algunos de cuyos vecinos profirieron gritos de ánimo y apoyo al alcalde tanto a la salida de su vivienda, que también fue registrada, como a la llegada al Ayuntamiento.

Pero este supuesto nuevo caso de corrupción también provocó la reacción de la clase política. Y, la primera, la del PSOE de Málaga, que emitió un comunicado en el que anunció que expulsará a "los militantes que resulten imputados".

Además, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, aseveró que espera que exista el máximo castigo para personas con conductas "tan deleznables".

Mientras, el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, apuntó que teme que la corrupción que afecta al PSOE se extienda a otras localidades limítrofes a Alcaucín y exigió una aclaración "inmediata" para saber el grado de implicación de la Diputación.

El portavoz de los populares en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, denunció que la corrupción en la Costa del Sol "lamentablemente se ha extendido al interior de la mano del PSOE".

Mientras que la institución malagueña se desvinculó de las actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civi porque, según precisa, "se investigan actividades privadas".