La Fiscalía Anticorrupción solicita para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, una pena de dos años de prisión y una multa de 6.000 euros como autor de un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial.
El fiscal considera que Fabra, en fecha no concretada, con el objeto de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones" del Gobierno para la producción de productos fitosanitarios por parte de dos empresas en las que participaba su mujer, acordó con sus socios presentar documentación manipulada "si era preciso".
Esta manipulación significaba "la simulación de informes técnicos y la imitación de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China", y para simular esos papeles se fabricaron "sellos y cuños" que "fueron proporcionados" por Fabra.
La Fiscalía ha pedido que se sobresean las actuaciones dirigidas contra el ex director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández.
Los hechos se remontan al año 2001, cuando Fabra, el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives, manipularon la documentación necesaria para conseguir autorizaciones del Ministerio de Agricultura y fabricar productos fitosanitarios en las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi SL y Artemis 2000 SL.
Ésta última estaba participada por la entonces mujer de Vives y la del presidente de la Diputación de Castellón, según relata el Ministerio Público.
La manipulación, prosigue, consistía en simular informes técnicos e imitar documentos supuestamente emitidos por laboratorios de empresas de India y China.
Para ello, elaboraron sellos y cuños que en un primer momento fueron proporcionados por Fabra y, luego, por el impresor Manuel Martínez.
El fiscal concreta que "hasta en seis ocasiones" fueron falsificados sellos y firmas en la documentación presentada por Arcavi SL ante el Ministerio de Agricultura.
Los expedientes administrativos en los que obra esta documentación falsa eran solicitudes de homologación de sustancias para la elaboración de productos, en las que aparecen sellos de empresas chinas o indias que supuestamente habían suministrado los componentes activos de esas sustancias.
Los documentos, fechados entre diciembre de 2001 y julio de 2002, fueron firmados todos por Montserrat Vives.