El secretario general del PSM, Tomás Gómez, hizo públicas ayer sus sospechas de que el PP habría cometido un delito de cohecho, por la presunta financiación ilegal del partido a través de Fundescam, fundación presidida por Esperanza Aguirre, que habría recibido supuestamente donaciones preelectorales a cargo del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de otros empresarios. Además dijo que en las próximas semanas lo denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras, el PP de Madrid ha anunciado que está estudiando la posibilidad de presentar una querella contra Gómez por "injurias y calumnias".
Según Gómez, "hay noticias de que cada día hay más fundadas sospechas de posibles cohechos en la Comunidad de Madrid. Hay sospechas para relacionar la financiación del PP con la concesión de contratos a empresas que han financiado la campaña electoral de 2003".
Entre las medidas parlamentarias que el PSM planea emprender contra al Partido Popular, destaca la exigencia de una comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la que tendrá que dar las explicaciones pertinentes que arrojen luz sobre las sospechas que pesan sobre su partido. Igualmente precisó que se solicitará información sobre los contratos sospechosos, tanto en esa legislatura como en la actual, por si hubiera posible trato de favor. Por último, habrá interpelaciones al respecto.
Por otro lado, Gómez aseguró que si el Grupo Parlamentario Popular le niega a su partido acceder a dicha información, podrían llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), si fuera necesario para esclarecer los hechos.
Empresas implicadas
El PSM asegura que hay una "acumulación de sospechas de prácticas irregulares" que hacen que el partido "no pueda mirar hacia otro lado". Es por eso que a partir de la próxima semana, se solicitará a la Inspección de Hacienda de Madrid la investigación de la contabilidad de las empresas implicadas, por haberse beneficiado de adjudicaciones a cambio de donaciones preelectorales, en lo que supondría un delito fiscal.
A su vez, se interpondrá una denuncia ante la Junta Electoral. Ésta se basaría en la "utilización de fondos no declarados para actos de campaña a través de un delito electoral".
En cuanto a la presunta falsificación de documentos mercantiles relacionados con la posible financiación irregular del PP en un proceso electoral, Gómez señaló que también se denunciará ante el Tribunal de Cuentas.