Un juzgado madrileño decidió ayer paralizar el proceso electoral de Caja Madrid, que estaba previsto que terminara a mediados de noviembre, a la espera de resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital sobre el reparto de consejeros en la Asamblea de la entidad.

Según recordaron fuentes jurídicas, la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid se toma una semana después de que el Consistorio pidiera paralizar el proceso como medida cautelar hasta que se decidiera de qué forma deben repartirse los 64 consejeros generales de Caja Madrid que corresponden a la Casa Real y a los que ésta renunció.

En el auto se concede a la entidad, como parte demandada, que presente sus alegaciones en el plazo de 20 días.

Además, tras esta decisión judicial tomada sin escuchar a la parte demandada al considerarse de urgencia por el juez, la Comisión de Control de Caja Madrid -supervisora del proceso electoral y con una mayoría de miembros defensores de las tesis de la Comunidad de Madrid- podrá exponer previsiblemente ante el juez sus argumentos en los próximos 5 días.

El juez entiende que existe un "peligro de mora procesal" si no se suspende el acuerdo de la Comisión sobre el reparto de consejeros, ya que si se mantiene el actual calendario éstas acabarían "en perjuicio del Ayuntamiento de Madrid" con un número de consejeros designados por él "inferior al que le correspondería".

A mediados de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid impugnó ante dicha comisión el reparto que había propuesto de los consejeros de la Casa Real, al considerar que cuando ésta rechazó a sus asientos lo hizo conforme a la ley de 2003 que establecía que se distribuyeran entre todos los sectores con representación en la entidad.

Sin embargo, con la entrada en vigor a principios de 2009 de la nueva ley regional de cajas, promovida por la Comunidad, ahora las corporaciones municipales ya no se benefician de los asientos cedidos por la Corona.

El cambio normativo creó discrepancias en el seno de la Comisión de Control de la caja, que quedó dividida entre una minoría que defiende un reparto proporcional y una mayoría que insiste en que se cumpla la ley actual.