Las comunidades del PP dieron ayer su visto bueno al nuevo modelo de financiación autonómica, tan solo cuatro días después de que su partido lo rechazara en el Congreso y a pesar de haberse abstenido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 15 de julio que votó la propuesta.
Quedaron pendientes para hoy para ratificar el modelo en el seno de sus respectivas comisiones mixtas el nuevo sistema las autonomías de Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.
Aunque con reticencias y "a regañadientes", las comunidades del PP apoyaron, por responsabilidad y debido a la crisis económica, el nuevo sistema, si bien alguna de ellas, como Madrid, no descartaron llevar la normativa hasta el Tribunal Constitucional.
La actitud de las comunidades del PP de apoyar el modelo fue valorada por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al considerar que ese respaldo "da valor" al sistema, postura que contrapuso a la política de "tierra quemada" que practica ese partido.
Para Chaves, esa ratificación "habla bien de un buen sistema, dinámico y estable", que parte del reconocimiento de los cambios demográficos habidos en los últimos años y dota a las autonomías de mayor corresponsabilidad fiscal.
Chaves criticó al PP por utilizar la negociación del modelo como un instrumento de "confrontación política", y dijo que a los "populares" les ha faltado "responsabilidad de Estado".
"No creo que ninguna comunidad que entendiera que el acuerdo lesiona los intereses de sus ciudadanos, se permitiera el lujo de no firmar. Si lo han suscrito, es porque el modelo es bueno y beneficia y favorece al conjunto de la ciudadanía", agregó.
De entre los territorios del PP, sólo Ceuta -la más "coherente", según Chaves- mantuvo su voto respecto al CPFF de julio, cuando apoyó el sistema, al igual que Canarias (CC), Cantabria y las socialistas. Tras las respectivas reuniones, algunos consejeros criticaron al Gobierno por no aportar cifras concretas de los recursos adicionales (un total de 11.700 millones de euros) que corresponderán a su autonomías, aunque otras fueron muy explícitas e hicieron públicas las cantidades.
El 70% antes de 2010
Sobre este asunto, Chaves dijo que no cree que ninguna autonomía fuera a firmar algo si no supiera las cifras, y recordó que no se le aplicará el sistema a quien no lo ratifique. Antes de fin de año los gobiernos autonómicos recibirán el 70% de las cantidades adicionales correspondientes a 2009, ya que el sistema tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.
Entre los representantes autonómicos el más crítico fue el de Madrid. Antonio Beteta, que aceptó el sistema "a regañadientes" y "por responsabilidad", tildó el modelo de "discriminatorio" y "parcial" al haber utilizado variables diseñadas "claramente para perjudicar" a la Comunidad de Madrid "y beneficiar a otras.
Por Galicia, Marta Fernández, dejó claro que, a pesar de que el nuevo modelo "no es bueno", lo aceptó por "responsabilidad" con los intereses de los gallegos, a la vez que criticó "las formas" mostradas "en todo el proceso de negociación" al no haberse respetado la multilateralidad.
Galicia y Castilla-León echaron de menos una mayor peso en el sistema de la dispersión o el envejecimiento, pero justificaron su adhesión por la crisis económica.