CiU ha defendido hoy la utilidad de la comisión gubernamental encargada de buscar acuerdos económicos, pese a creer que es un sucedáneo de pacto de Estado, pero los nacionalistas catalanes serán los primeros en levantarse de la mesa si el Gobierno sólo quiere una coartada para ganar tiempo ante la crisis.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha criticado las formas y el fondo en el que ha sido convocada esta primera reunión de la comisión gubernamental que trata de fraguar un consenso en materia económica con las distintas fuerzas políticas.

Tras quejarse de que el Gobierno esperara hasta primera hora de la noche de ayer para entregar sus propuestas a los partidos, Duran Lleida ha considerado que este documento es sólo "un catálogo de buenas voluntades", que no contiene más que "cuatro generalidades", sin concreción alguna.

Aún así, se ha mostrado confiado en la validez y en la utilidad de estas reuniones -que serán bilaterales a partir del próximo miércoles- y en la posibilidad de que de ellas puedan salir los acuerdos que España necesita "de forma urgente".

Para el portavoz de CiU, no sólo hay terreno para acercar posturas y buscar el consenso, sino que, además, "hay necesidad" de hacerlo, pensando "en las próximas generaciones (...) y no en las próximas elecciones".

Un consenso en el que, a su entender, debería implicarse el PP "cuanto más mejor", convencido de que ningún partido puede desentenderse de esta posibilidad que se brinda.

No obstante, ha dejado claro que CiU no está ofreciendo "un cheque en blanco" al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ni quiere hacer de "muleta" suya.

Frente a las "generalidades" del Gobierno, CiU ha presentado un documento con sugerencias "concretísimas" y propuestas en algunos ámbitos que requieren medidas inmediatas, para no llegar a junio "ahogados" y que entonces "sea tarde para hacer los deberes".

Duran Lleida ha juzgado también que algunas de las propuestas genéricas del Ejecutivo hacen referencia a cuestiones que, o ya han sido aprobadas por las Cortes o se están tratando en la actualidad, como la relativa a la morosidad o a la energía.

En este sentido, ha emplazado al Gobierno a que respete y asuma las cuestiones acordadas en el Parlamento y a que se dedique a activarlas cuanto antes, sin esperar a que sean recogidas en la futura ley de economía sostenible.

Ha abundado en esta tesis al señalar que hay medidas que deben ser adoptadas antes de junio, como las referentes a la reforma del sistema financiero, la reducción del déficit público o la generación de empleo, pero hay otras, como la potenciación del coche eléctrico, que no corren ninguna prisa.

Su argumento es que hay que mandar un "mensaje nítido de que aquí se toman decisiones y se gobierna", tanto a los agentes sociales, como al mercado interior y exterior.

Respecto a la reforma del mercado laboral, ha considerado óptimo que se aborde entre empresarios y sindicatos en el marco del diálogo social, pero ha matizado que no se puede permitir que la negociación dure eternamente y se ha mostrado partidario de fijar una fecha límite para el acuerdo.

A partir de ese tope, ha agregado, el Gobierno debe tomar las riendas porque la reforma es inaplazable.

Igualmente, ha dicho que no comparte el diagnóstico de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sobre la creación de empleo neto a finales de este año, aunque ha deseado que "ojalá" sea él el que se equivoque.