La Fiscalía se opuso ayer a que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sea suspendido de funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él, al entender que esta medida iría contra la "independencia e inamovilidad" necesarias para que un juez ejerza su labor.
Así lo expone el Ministerio Público en el informe que le había sido solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la admisión a trámite por parte del TS de dos querellas contra el juez -ayer se admitió una tercera- y que ahora será estudiado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.
El Alto Tribunal investiga a Garzón por declararse competente y abrir una causa sobre los crímenes del franquismo, por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York y, desde el jueves, por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del "caso Gürtel" que se encontraban en prisión y sus abogados.
En su informe, la Fiscalía considera "contrario a la lógica jurídica" que la suspensión cautelar de funciones de un juez sea concebida "como de aplica-ción automática" a todos aquellos magistrados afectados por la admisión a trámite de querellas interpuestas contra ellos por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El Ministerio Público argumenta su tesis citando jurisprudencia del propio TS, que en una sentencia de octubre de 2009 estableció que la suspensión de un juez por parte del CGPJ "no es consecuencia de la admisión de la querella" y que esta medida sólo debe adoptarse cuando se considere que la continuidad del juez en su cargo "puede producir efectos contraproducentes".