El Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley aprobada por las Corts el pasado 24 de marzo que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio valenciano de El Cabanyal, por lo que se paralizan los derribos de las viviendas.
El Gobierno decidió interponer un recurso contra la ley de El Cabanyal por entender que ésta "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado".
La ley, aprobada el pasado mes de marzo por las Cortes valencianas, sustituyó y derogó un decreto-ley que también fue recurrido por el Ejecutivo central.
El TC dará traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso y al Senado, así como a la Generalitat y a las Cortes valencianas, con el fin de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.