El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, citó ayer a declarar a Álvaro Pérez, "El Bigotes", considerado el responsable de la trama en Valencia y con quien el PP valenciano contrató la organización de actos del partido.
La declaración de "El Bigotes" puede ayudar a clarificar la relación de la Generalitat valenciana con la "red Gürtel" y se produce después de que el juez haya recibido varios informes que apuntan a que Álvaro Pérez, como administrador de la empresa Orange Market, recibió un supuesto trato de favor en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno regional y del PP valenciano.
Uno de esos informes, realizado por la Agencia Tributaria, revela presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que pudo ocultar donaciones de empresas empleadas para pagar a Orange Market por los contratos que le adjudicó la Generalitat.
El documento analiza los pagos y cobros de la empresa de Álvaro Pérez en 2007 -año de las últimas elecciones autonómicas y municipales- y concluye que durante ese ejercicio dicha sociedad incluyó en su contabilidad "solamente una parte de los servicios realizados", pero también prestó otros, cuyo cobro ocultó y "no incluyó en su contabilidad".
Cobros "en B"
"El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)", asegura la AEAT, que agrega que esos cobros "en B" se obtuvieron "en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007".
Según las documentación analizada, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat valenciana y a organismos dependientes de ésta.
Otro de los informes remitidos al juez es el de la Unidad de Auxilio Judicial que concluye que el Gobierno valenciano vulneró en repetidas ocasiones "la normativa reguladora de la contratación pública" mediante el fraccionamiento de contratos.
Tras recibir esta información, Pedreira requirió a la Generalitat para que identificara a los responsables de 17 departamentos de esta Administración que contrataron con empresas de la trama entre los años 2004 y 2009.