La Audiencia Nacional ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 euros a los abogados de ETA Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi, al entender que ha disminuido el riesgo de fuga dado el tiempo transcurrido desde que ingresaron en la cárcel -siete meses- y el arraigo familiar y laboral. Así lo acordó la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal en tres autos en los que además de la fianza les impone la obligación de designar domicilio, comparecer semanalmente en el Juzgado, entregar sus pasaportes y la prohibición de abandonar el país sin previa autorización judicial.

Además, en el caso de Enparantza, considera que "no es despreciable el dato atinente a la profesión de abogado del recurrente" y, por ello, cree que la puesta en libertad "favorecería sus posibilidades de adecuada defensa".

En cuanto a Sarriegi, destaca que es hijo de Iñaki Sarriegi "persona muy querida y apreciada en Donostia, pues ha pertenecido durante más de 38 años al Club de la Real Sociedad" y que ahora regenta una pescadería "de gran popularidad en la parte vieja de San Sebastián". Sobre Zulueta, los magistrados destacan que las medidas cautelares impuestas garantizan su "sometimiento al proceso y la no reiteración delictiva".

Esta decisión ha sido critacada por los dos principales sindicatos policiales, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación Española de la Policía (CEP) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

En otro orden de cosas, las víctimas del terrorismo han marcado en su agenda el final de 2010 como la fecha límite para que el Gobierno deje clara su posición en política antiterrorista y desvele si acepta los principios básicos que fijaron las asociaciones sobre las condiciones en las que deberá basarse un eventual fin del terrorismo.

En caso contrario pondrán en marcha diversas medidas que incluyen la posibilidad de volver a manifestarse en la calle.

La pasada semana, la práctica totalidad de colectivos y asociaciones de víctimas se reunieron en torno a un documento en el que pedían un final del terrorismo sin impunidad y plasmaban algunas de sus condiciones, como que ETA y su entorno condenen toda la historia del terrorismo para poder participar en el juego democrático, según han desvelado algunos de los asistentes a las reuniones.

Por otro lado, el fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso ha rebajado a entre dos y siete años de cárcel las penas d entre cuatro y doce que solicitaba para un total de catorce acusados por actos de "kale borroka" ocurridos entre 1996 y 2000 en San Sebastián, argumentando que en todos los casos concurre la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa estuvo paralizada durante cuatro años.