Los controladores citados para ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar, mientras el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los que faltaron a sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4 se enfrentan hasta a 8 años de prisión por un delito de sedición.

Los doce controladores que acudieron ayer al tribunal aseguraron que se replantearán su postura cuando sean citados por el juez que consideran competente, ya que entienden que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

Así lo explicó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, que añadió que la Fiscalía les aclaró que la jurisdicción ordinaria es la única competente por ahora, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados son los ocurridos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Sin medidas cautelares.- Esteban puntualizó que no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra estos controladores -destinados en los centros de control de Torrejón de Ardoz y de Barajas- ya que no se puede actuar con "finalidad coactiva" ante su derecho a no declarar. Si los seis controladores citados para hoy y los ocho del lunes -la Fiscalía de Madrid tiene previsto investigar a un total de 175- mantienen la misma actitud que sus compañeros, el Ministerio Público seguirá su investigación con la Policía para saber lo que ocurrió.

En el caso de entender que se pudo cometer un delito lo pondría en conocimiento de un Juzgado de Instrucción para que los cite a declarar.

Junta de Fiscales.- Mientras, Conde-Pumpido, que presidió ayer la Junta de Fiscales en Zaragoza, recalcó que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de un país suponen un delito "muy grave". En esta reunión se determinó que se aplicará la Ley Penal de Navegación Aérea para valorar la posible responsabilidad de los imputados, según afirmaron fuentes judiciales que precisaron que esta normativa establece, a partir del artículo 20, diferencias de responsabilidad "entre los dirigentes y los controladores que siguen instrucciones", por lo que la Fiscalía "va a trabajar en el objetivo común de identificar a los dirigentes del hecho porque la responsabilidad penal se agrava en aquellos que lo han organizado con respecto a los que han hecho seguidismo", si bien "no se dejará fuera a nadie".

47 ausencias en Canarias.- En la reunión, cada uno de los fiscales explicó el grado de afección de cada Comunidad y el número de controladores que estiman que secundaron la movilización en cada zona, de manera que cada Audiencia Provincial en la que exista un aeropuerto en el que se haya cometido un presunto hecho delictivo abrirá un procedimiento, que llevará el Juzgado de Instrucción. En este contexto, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) informó de que entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado abandonaron el servicio un total de 440 controladores, de los que 47 corresponden a Canarias, 175 a los centros de control y torres en Madrid, 71 en Baleares, 60 en Cataluña, 10 en Valencia, 9 en Galicia y otros tantos en el País Vasco, así como dos en Asturias y uno en La Rioja.

Imagen exterior.- La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, afirmó ayer que las bajas masivas de los controladores aéreos y la gestión del Gobierno en esta situación no han provocado "ningún tipo de daño a la imagen exterior de España". A su juicio, "lo que ha visto el resto del mundo es que el Gobierno actúa con firmeza y determinación" para "dar solución a un problema que existía y que quedó resuelto en 24 horas".

Intercambio de trabajadores comunitarios.- El eurodiputado del Partido Popular Luis de Grandes, portavoz de su grupo en la comisión de transportes del Parlamento Europeo, planteará al comisario del sector, el estonio Siim Kallas, la adopción de medidas comunes en la Unión Europea respecto al colectivo de los controladores aéreos. Entre las medidas, que planteará el próximo martes, destaca una habilitación común que permita que estos profesionales sean intercambiables entre los diversos países.