La plataforma de afectados por el cierre del espacio aéreo va a proceder por dos vías jurídicas para reclamar, por un lado, una responsabilidad penal de los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo al inicio del puente de la Constitución y, por otro, solicitar una indemnización a Aena y el Ministerio de Fomento de 10.000 euros por afectado, en este caso por el lado administrativo.
El colectivo, que reveló la estrategia jurídica de los abogados del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que unos 5.000 afectados han encomendado el caso, alega que desde el punto de vista penal, se personarán como acusación personal contra los controladores como presuntos responsables de los hechos antes de que se militarizara el espacio aéreo y se declarara el estado de alarma en el país, puesto que entienden que después no hubo "hechos perseguibles".
Además, reclama la creación de un juzgado específico "dotado de medios materiales y personales extraordinarios" que permita resolver con celeridad y seguridad jurídica el caso.