El Gobierno baraja diversas fórmulas para cerrar un texto del proyecto de reforma de las pensiones que aprobará el próximo 28 de enero que le permita sumar los apoyos de CiU y PNV y, si es posible, el PP.
La idea es que dicho texto no fije una entrada en vigor efectiva e inmediata de la ampliación de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, sino que la plantee a través de un retraso "progresivo" en función de la evolución de la esperanza de vida de los trabajadores.
El Ejecutivo aprovecha las últimas reuniones para la redacción del informe del Pacto de Toledo para sondear a los grupos en busca de apoyos a unas propuestas que ya se han encontrado con el rechazo tanto de minorías de izquierda como de sindicatos.
La opción que está planteando el PSOE es que el proyecto de ley justifique el retraso "progresivo" de la edad legal de jubilación en función de unos coeficientes establecidos según las "estadísticas demográficas" de la evolución de la esperanza de vida.