La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha manifestado hoy que acata la condena por torturas a cuatro agentes pero que confía "en que instancias judiciales superiores puedan corregir el fallo y se demuestre su inocencia".

En un comunicado, esta asociación creada el pasado 1 de septiembre expresa su "apoyo incondicional" a los cuatro guardias civiles condenados, de los once que fueron juzgados por maltratar a Igor Portu y Mattin Sarasola, los etarras que volaron la T-4 de Barajas con una bomba que mató a dos ciudadanos ecuatorianos.

También expresan su "enorme decepción por el castigo a una magnífica actuación policial que supuso la detención del comando de ETA más activo en ese momento".

A este respecto, asegura que "si hoy la banda terrorista ETA está derrotada y ''contra las cuerdas'' es en gran medida por la actuación de guardias civiles como los que hoy han sido castigados".

Aunque afirma desconocer "en profundidad" los términos de la sentencia, considera que el tribunal ha dictado una resolución "salomónica", al absolver a once guardias civiles y condenar a cuatro, y afirma que su "deber moral" es "estar al lado" de sus compañeros y de sus familiares "que han sufrido la enorme presión física y mediática del entorno de ETA desde hace meses".

"Socialmente, los guardias civiles ya estaban medio condenados desde hace tiempo pues ''jugaban en campo contrario''", agrega, para indicar que "el juicio celebrado a los guardias civiles hoy condenados quizá hubiera tenido otro desarrollo y otro resultado en otras circunstancias".

Según afirma, "en denuncias por posible existencia de torturas contra guardias civiles que se enjuician en el País Vasco la presión sobre jueces y tribunales y sobre los testigos y peritos es fuerte", y, desde esta convicción, instan a los poderes públicos "a estudiar medidas legislativas para mejorar la protección de testigos y peritos".

"O quizá para modificar las competencias de la Audiencia Nacional y que asuma el enjuiciamiento de casos directa o indirectamente relacionados con el terrorismo, el narcotráfico o cualquier otra forma de criminalidad organizada que cuentan con sistemas de acusación o defensa jurídica y cobertura mediática propios", concluye.