La magistrada del Juzgado de Instrucción número cuatro, Mercedes Alaya, ha ordenado investigar la inclusión, como aspirantes a la prejubilación, de María del Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santoyo en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, pese a que ninguno de ellos pertenecía a la plantilla de la lonja. La juez, asimismo, ordena investigar una prejubilación del primero de los procedimientos y otras tres del ERE de 2007, así como la "relación" de dos mujeres beneficiarias de "préstamos por anticipo" librados por la sociedad mixta en supuesto de detrimento de los dos verdaderos destinatarios de tales actos.

Mediante un auto fechado el 10 de enero de 2011 y recogido por Europa Press, la juez Mercedes Alaya profundiza en la investigación del posible delito societario que habrían perpetrado los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce en la gestión de esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Fernando Mellet y Daniel Ponce, como se recordará, están imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central de abastos.

En cuanto a los expedientes de regulación de empleo promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007, si bien ambos fueron autorizados por la Consejería de Empleo, sólo el primero de ellos ha gozado del respaldo financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las prejubilaciones acordadas se refiere. Y es que el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue resuelto con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha quedado en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de Empleo.

EL ERE DE 2007

De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y de Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como aspirantes a la prejubilación en varios documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte de la plantilla, como han confirmado tanto el comité de empresa como la propia dirección del mercado central de abastos.

A tal efecto, este último auto de la juez Alaya pide a Mercasevilla el contrato de trabajo del empleado José Antonio R.M., cuya inclusión en el ERE de 2007 autorizó el 17 de mayo de 2007 el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, --actualmente imputado en las diligencias incoadas a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por Mellet y Ponce. La decisión de Rivas fue formalizada cuando diez días atrás, su departamento había dictado ya la resolución correspondiente a este expediente de regulación de empleo.

PREJUBILADOS DOS EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN

También a Mercasevilla, la juez pide información en cuanto al "motivo" de la inclusión de dos trabajadores de la Fundación Socioasistencial de la compañía "en la lista de los trabajadores afectados por el ERE de 2007", en referencia a Eduardo C.L. y Antonia Hermida Santoyo.

A la Consejería de Empleo, la juez pide el expediente administrativo correspondiente al incentivo otorgado para las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por Mercasevilla, dado que hasta ahora el juzgado sólo dispone de un "protocolo de colaboración" firmado entre la sociedad mixta y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. Mercedes Alaya reclama además a la Consejería de Empleo una relación de las "subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002" hasta el momento "respecto a procesos de re estructuraciones laborales, tanto convocadas con carácter general como específicamente acordadas respecto de algún caso concreto", dado que si bien el ERE de 2003 gozó de la incentivación de la Administración autonómica, la Consejería de Empleo se ha desligado del coste de las prejubilaciones consumadas merced al ERE de 2007.

EL "PORQUÉ" DEL ERE DE 2007

Sobre este último procedimiento, el de 2007, la juez pide a la Consejería de Empleo que "se informe y se explique cómo" la Delegación Provincial de dicho departamento autorizó el procedimiento "menos de cuatro años" después de que fuese promovido el expediente de regulación de empleo de 2003, pues ambos procedimientos coinciden en sus "causas económicas y organizativas" y llevaban aparejados sendos planes de prejubilaciones. En esos cuatro años, según destaca la juez Alaya, Mercasevilla "había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que despidió".

También a la Junta, reclama información acerca de "por qué conducto o por quién" fue incluida Fontela González en el ERE de 2003 y Eduardo C.L. y Antonia Hermida Santoyo en el ERE de 2007 pese a ser trabajadores de la Fundación Socioasistencial. A la división de seguros colectivos del Banco Vitalio, encargada de la gestión de las pólizas de las prejubilaciones de ambos procedimientos, pide la juez las comunicaciones recibidas de la consultora Vitalia Vida en cuanto a la inclusión de Garrido Santoyo en el ERE de 2007, extendiendo esta misma petición para el caso de Fontela González.

UNA PREJUBILADA EN DOS LISTADOS Y CON DOS PARTIDAS

De vuelta al ERE de 2003, la juez Alaya advierte de que la trabajadora Ana María D.V. figura "en dos listados de trabajadores afectados" por el procedimiento fechados por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social los días 19 de diciembre de 2003 y 28 de enero de 2004 par autorizar suscripciones de pólizas para trabajadores adheridos a este ERE en cuestión. En el segundo de los documentos esta trabajadora figura con la leyenda de "adicional", pero en ambos casos "con compromiso de pago", en concreto por valor de 1.598.758,36 euros en el primer documento y 2.191.133,54 en el segundo.

Finalmente, y de nuevo en relación al expediente de regulación de empleo de 2007, la juez Mercedes Alaya pide a la Policía Judicial adscrita a los juzgados que sea investigado el vínculo de Silvia María P.P. y María Rocío P.P. con el mercado central de abastos y el procedimiento en cuestión, al objeto de esclarecer el "motivo" por el que han sido "beneficiarias" de "préstamos por anticipo" librados por Mercasevilla con destino a Juan José J.T. e Ignacio P.S. También a la Policía Judicial reclama que sea investigada Fontela González, cuya personación en la causa deniega, y que sea aclarado "si actúo en connivencia con otros, así como las cuantías percibidas por Garrido Santoyo.