La Fiscalía de la Audiencia Nacional insistió ayer en que el testimonio del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, "ni añade ni quita nada a la secuencia telefónica señalada" como "cauce de la filtración" con la que en 2006 se alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión.
Así lo expone el fiscal Carlos Bautista en un informe, en el que pide que se rechace el recurso de la asociación Dignidad y Justicia contra la decisión del juez Pablo Ruz de citar al "número dos" de Interior, desde cuyo teléfono se hicieron llamadas a los imputados por el "chivatazo", al estimar que su testimonio sería "irrelevante".
Para el fiscal, las llamadas de Camacho "obedecen a la lógica y natural relación diaria entre órganos directivos ministeriales y son ajenas al contexto de circunstancias de tiempo y lugar en el que se desarrollan los intercambios de llamadas de los imputados", el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava.
"Máxime", añade, cuando estas llamadas se producen en las fechas en las que se está desarrollando una operación antiterrorista contra el aparato de extorsión de ETA "de la que, necesariamente, el secretario de Estado de Seguridad debe estar al corriente".
"Hasta tal punto es así -insiste Carlos Bautista- que nunca el equipo investigador sintió la necesidad de reseñar las llamadas en los sucesivos informes" presentados en esta causa.
Por ello, cree que la resolución del juez Pablo Ruz en este sentido está suficientemente motivada, "no siendo arbitraria ni irrazonable la denegación de las diligencias de investigación solicitadas".