La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el "caso de los ERE" irregulares, admitió la personación como acusación en la causa de la Junta de Andalucía, lo que le permitirá al Gobierno andaluz exigir "responsabilidades civiles y penales".
Así lo anunció ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que dijo que esto va a permitir exigir responsabilidades civiles y penales porque la Junta "es una de las principales perjudicadas".
Además, Moreno anunció que la Junta va a iniciar "en breve" un procedimiento por el cual se dejarán de pagar las prejubilaciones "falsas o fraudulentas" e insistió en que la Junta "ha denunciado y destapado" a algunos de los presuntos culpables y que su objetivo es "recuperar" el dinero.
Sobre la imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, comunicada por la jueza Mercedes Alaya, la consejera de la Presidencia mostró su "respeto" tanto por la decisión judicial como por la presunción de inocencia.