La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) examinará en vista pública el próximo lunes 21 las demandas interpuestas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en las que piden que se prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos.

Así lo ha acordado hoy el Alto Tribunal, al aceptar la petición en este sentido de la Fiscalía, ya que ni el nuevo partido de la izquierda abertzale ni los servicios jurídicos del Estado habían solicitado expresamente esta comparecencia, han informado fuentes del Supremo.

En una providencia, la sala acuerda celebrar a las 10.30 horas del próximo lunes dicha vista, en la que podrán comparecer todas las partes.

Según las mismas fuentes, la sala especial -integrada por quince magistrados más el presidente del TS, Carlos Dívar- no ha decidido sobre la prueba documental y testifical-pericial solicitada por las partes y lo hará en la misma vista pública.

Los testigos propuestos por los servicios jurídicos del Estado son los agentes firmantes de los informes de la Policía y la Guardia Civil sobre Sortu para que se ratifiquen en su contenido, mientras que la Fiscalía ha solicitado que sean citados cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía y tres guardias civiles.

Así todos los testigos solicitados serán citados para el próximo lunes ante la posibilidad de que tengan que declarar, mientras que también el Supremo ha librado los correspondientes oficios sobre la documental propuesta para poder disponer de ella si finalmente es admitida.

La primera de las demandas fue presentada el pasado día 3 por la Abogacía General del Estado, que, tras analizar los informes de la Policía y la Guardia Civil, concluía que el rechazo estatutario del terrorismo por parte de Sortu era "cosmético, retórico e instrumental, no real", y no suficiente para demostrar que se han roto totalmente los vínculos con el mundo etarra.

La demanda incluía entre otros indicios que acreditarían que la formación está al servicio de ETA cinco "conexiones directas" con la banda terrorista.

Por su parte, la Fiscalía aportaba, en la demanda que presentó cuatro días después y que ha sido acumulada con la del Gobierno, nueve indicios de la conexión entre Sortu y ETA-Batasuna, entre ellos los estatutos de la nueva formación y la implicación de destacados miembros de la formación ilegalizada en la presentación del proyecto, así como el visto bueno de ETA a la apuesta abertzale.

En la vista las partes propondrán las pruebas que consideren pertinentes y la sala decidirá si debe practicarse o no, después de lo que los demandantes y Sortu expondrán sus conclusiones antes de que los magistrados se retiren a deliberar.

El nuevo partido de la izquierda abertzale ha alegado ante el Supremo que su legalización "acelerará" la desaparición de ETA, ya que sus estatutos suponen "la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político" para quienes practican la violencia.