La Sala del 61 del Tribunal Supremo ve una "amenaza objetiva y grave" para la democracia que Batasuna, utilizando la "pantalla" de Sortu, pudiera presentarse a las próximas elecciones, con el riesgo de que ETA pudiera obtener financiación para continuar con su actividad terrorista.

Ésta es una posibilidad que el Poder Judicial "no puede permitir", según dice el auto notificado ayer en el que se prohíbe la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, aceptando las demandas interpuestas por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, y que ha sido apoyado por 9 de los 16 magistrados que la integran, mientras que los otros 7 han suscrito un voto particular.

El auto, de 217 páginas, plasma las conclusiones de la mayoría de la Sala, es decir, de su presidente, Carlos Dívar, y de los magistrados Juan Saavedra -presidente de la Sala de lo Penal-, Ángel Calderón -presidente de la Sala de lo Militar- y los magistrados Aurelio Desdentado, Ricardo Enrique Sancho, Carlos Granados, Jesús Corbal, Carlos Lesmes -ponente- y Francisco Javier de Mendoza.

La resolución considera acreditado que Sortu pretende suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando para ello una "estrategia fraudulenta".

Así, explica, el fraude de ley fue diseñado por ETA en 2009 y ejecutado en connivencia con Batasuna con el fin de que el ilegalizado brazo político de la banda terrorista pudiera presentarse a las próximas elecciones.

También cree probado la Sala que la condena de la violencia por parte de Sortu, incluida la de ETA, y la presentación de unos estatutos en los que se afirma su compromiso con los valores democráticos constituyen "un engaño diseñado y ejecutado por ETA-Batasuna" para conseguir la legalización de esta última.

Prueba principal

La Sala llega a estas conclusiones a partir de los documentos intervenidos a presuntos miembros de ETA y a Batasuna, así como a partir de informaciones periodísticas que revelan la participación de supuestos etarras y de dirigentes de la formación ilegalizada en reuniones y actos públicos relacionados con Sortu.

La prueba principal se contiene en el documento de ETA denominado "Proceso democrático" intervenido en 2010 en el despacho de la abogada Arantza Zulueta, del que se desprende que el reparto de tareas entre ETA y Batasuna que se apreció en la sentencia de ilegalización de 2003 se pretende proyectar ahora sobre Sortu.

No obstante, los siete magistrados que emitieron un voto particular consideran "plausible" la hipótesis de que las tesis de ETA hayan sido derrotadas tras un "fuerte debate interno" en la izquierda abertzale y que la banda no haya tenido más remedio que asumir los "nuevos criterios políticos", incluido el rechazo de la violencia.

Los siete discrepantes combaten también la afirmación de la sala de que los comunicados hechos públicos por ETA en los últimos meses no suponen más que la aprobación de la banda de la "línea política" impuesta por ella misma al conjunto de la izquierda abertzale.

Sortu tiene desde hoy treinta días para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la prohibición de registrarse como partido, aunque antes debería agotar todas las vías legales previas al amparo e interponer un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo (TS) si quiere ver prosperar su recurso.

REACCIONES

Satisfacción del Gobierno

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró ayer la satisfacción del Ejecutivo porque el Tribunal Supremo haya prohibido la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, secundando la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Al respecto apuntó que el Ejecutivo "respeta y acata" las sentencias, al tiempo que subrayó que con el auto se ha "dado la razón" a las demandas del abogado del Estado y la Fiscalía.

El PNV pide su legalización

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró ayer que la izquierda abertzale estará presente en las próximas elecciones y pidió al Estado "la misma altura de miras" que se tuvo hace 30 años para legalizar al Partido Comunista. Urkullu abogó por "no vincular y condicionar, por interés" su legalización a la desaparición de ETA. Además, agregó que la participación de la izquierda abertzale en la política "no comporta riesgo alguno para el Estado", sólo "beneficios".

Denuncian presiones políticas

La izquierda abertzale opinó ayer que la sentencia "se basa más en interpretaciones políticas subjetivas que en análisis jurídicos". Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, dijo que "no responde a criterios estrictamente jurídicos" sino a una "clara presión política del PP". Entre tanto, mañana se celebrará en Bilbao una manifestación a favor de la legalización.