La alianza para la creación de Bildu (EA/Alternatiba) fue un imperativo de ETA, según destaca el recurso contencioso-electoral presentado este miércoles por la Abogacía del Estado solicitando la anulación de todas las listas presentadas por la coalición que, entre otros documentos, vuelve a fundamentarse en el denominado "Proceso Democrático", incautado a Arantxa Zulueta, imputada por integrar el entramado de abogados de la organización terrorista (H-Alboka). También defiende la Abogacía que la Mesa de Batasuna participó en la confección de las listas.

El recurso alude a este documento y a otros - especialmente tres denominados "Bases para un acuerdo electoral" (noviembre de 2010) "Euskal Herria desde la izquierda" (enero de 2011) y "Acuerdo Popular" Herri Arkodioa (del pasado 15 de marzo)-, así como en varias conversaciones telefónicas intervenidas para concluir la izquierda abertzale ilegalizada intenta asegurarse alguna presencia institucional mediante "una coalición de partidos legales coaligada con el complejo ETA/Batasuna como ''plan B'' para estar presente en los comicios del mes de mayo de 2011".

Un segundo recurso presentado este miércoles también en representación del Gobierno impugna 16 agrupaciones electorales (una en Álava, otra en Vizcaya y las 14 restantes en diversos municipios de Navarra) que según los Servicios Jurídicos del Estado constituirían un "plan C", de carácter residual, en aquellos municipios y concejos donde no se han alcanzado acuerdos electorales. Todas las listas serían una mera "sucesión" del complejo ETA-Batasuna, concluyen sendos escritos. CANDIDATOS "CONTAMINADOS"

Del análisis de los informes aportados por las Fuerzas de Seguridad (cinco de la Policía, tres de la Guardia Civil, uno de la Ertzaintza y otro de la Policía Foral navarra) se concluye que de 3.495 candidatos de la coalición electoral, 1.014 presentan vinculaciones con los partidos ilegalizados, consistiendo en su mayor parte dichas vinculaciones en haber ostentado la condición de avalista o firmante para la presentación de candidaturas de agrupaciones de electores anteriormente anuladas por ser sucesoras de Batasuna.

Pese a la doctrina del Tribunal Constitucional que señala que la historia personal y política de los avalistas no puede suponer indicio de sucesión, la Abogacía defiende que en este caso se trata de candidatos y no sólo de avalistas, y concluye que los análisis policiales permiten señalar que "el porcentaje global de vinculación con el complejo ETA/Batasuna es del 10,44 por ciento", es decir, que de 3.743 candidatos 391 están vinculados a Batasuna y otras organizaciones ilegalizadas.

El porcentaje asciende al 13,45 por ciento si se consideran los 815 puestos que, según las estimaciones de posibilidad de voto, se consideran como suceptibles de ser elegidos. PROYECCIÓN DE ANV

Tras el análisis de todos los documentos aportados, la Abogacía concluye que en Bildu no nos encontramos con candidatos "independientes" como complementarios de los de los dos partidos formalmente coaligados, sino "ante tres partidos, tres organizaciones con porcentajes de las candidaturas perfectamente delimitados y arreglados a la proyección de los resultados electorales anteriores de EA, Alternatiba y Batasuna (personaficada en ANV o deducido su porcentaje de voto nulo o la abstención en las últimas elecciones en las que no pudo presentarse bajo ninguna franquicia fraudulenta)".

Los Servicios Jurídicos del Estado señalan concretamente que el propio auto del Tribunal Supremo que recientemente prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior señala que "la alianza con Eusko Alkartasuna se refleja en el documento ("Proceso Democrático") en unos términos ciertamente imperativos y no como sugerencia", y que esta instrucción fue cumplimentada por la izquierda abertzale/Batasuna.

Un segundo documento, denominado "Halboka" establece según el propio alto tribunal "un manual de instrucciones sobre las condenas de la violencia una vez que se alcance el acuerdo con ETA para no comprometer la alianza política, que se concibe con un sentido instrumental para la izquierda abertzale. DENUNCIA DE LA VIOLENCIA

Igualmente, la Abogacía del Estado alude al auto dictado el pasado 24 de marzo para ilegalizar Sortu en relación con otro documento denominado "Earen Proposamenaz", en el que se exponen los términos en los que ETA/Batasuna configura la alianza con EA en lo referido a la actitud a adoptar en la denuncia de la violencia

Según este escrito, Batasuna se encontraba preocupada sobre la actitud a adoptar en la denuncia de la violencia y la condena de los atentados para poder mantener la coalición lo que, en definitiva, según el recurso, significa que "es la organización terrorista la que fija las instrucciones sobre la forma en la que se debe denunciar la violencia que ella misma practica".

Otro de los indicios apuntados por los recurrentes es la declaración del miembro de EKIN Egoitz Garmendia Vera ante el juez de del Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en la que éste reconoce como propio un documento relativo a una asamblea celebrada en Vitoria en la que se explicó a los asistentes el acuerdo entre Batasuna y EA. CARTA A UN ETARRA

Igualmente, el recurso destaca una carta el 13 de diciembre de 2010, remitida por la militante de Batasuna Laura Uriarte Bilbao al miembro de ETA interno en la cárcel de Daroca, Andoni Ugalde Zubiri, donde la remitente confirma que durante el mes de diciembre de 2010, en la localidad donde reside, Bakio (Vizcaya), se ha finalizado la elaboración del diagnóstico previo a la elaboración del Herri Programa, en la que se dice "el peso lo llevamos nosotros sólo que tenemos que trabajar desde primero preparándolo con EA".

Otro punto del informe defiende que dirigentes de Batasuna "de primer nivel" pilotaron el proceso de configurar las listas electorales de Bildu llegando a designar a personas concretas en algunos municipios y estableciendo los criterios generales pactados, evitando incluir a candidatos excesivamente significados con anterioridad, para lo que llegaron a acudir a "intensas presiones personales", según indica el recurso basándose en diversas conversaciones, reuniones y comunicaciones intervenidas.

"En todas estas conversaciones y comunicaciones se evidencia un contexto de acuerdo y estrategia, en el que dirigentes de Batasuna de primer nivel (incluidos miembros de la Mesa Nacional) dirigen en las diversas circunscripciones el proceso de conformación de listas, tanto con referencias concretas a puestos en determinadas localidades como con remisión a los criterios generales pactados, procurando evitar que figuren personas excesivamente significadas con anterioridad", detalla el recurso.

La novedad en este caso respecto a anteriores intentos de Batasuna para entrar en las instituciones democráticas, según el Abogado del Estado, es que por primera vez la figura de la coalición entre partidos legales es una operación dirigida y diseñada por el complejo ETA/BATASUNA.

No obstante, el escrito señala que la deriva de Eusko Alkartasuna hacia una colaboración estratégica electoral con el complejo ETA/Batasuna "alboreaba ya desde el año 2008". Por su parte, la Abogacía del Estado sitúa señala que Alternativa es un sector de IU tras la expulsión de esta formación como fuerza parlamentaria en el País Vasco.