El ex consejero de Educación y Cultura, Francesc Fiol (PP), ha reafirmado en calidad de imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que el expediente de contratación del arquitecto Santiago Calatrava para el anteproyecto de construcción de un palacio de la ópera en Palma, por 1,2 millones de euros de las arcas del Gobierno balear, se llevó a cabo de forma correcta y legal, negando por tanto que se produjese irregularidad alguna de cara a dar un trato de favor a Calatrava.
Durante aproximadamente hora y media, el ex consejero ha prestado declaración a petición propia ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, Francisco Javier Muñoz, ante quien ha explicado con detalle cómo se gestionó el expediente administrativo y ha defendido la forma como se efectuó a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), presidido entonces por Fiol.
A su salida de la máxima instancia judicial de las islas, el diputado ''popular'', acompañado por su abogado Bartomeu Vidal, ha incidido en que es "completamente inocente", tal y como ya puso de manifiesto en su anterior comparecencia ante el instructor del caso Palma Arena, José Castro, en la que subrayó que la forma como se llevó a cabo el procedimiento para contratar al arquitecto, también imputado en esta causa, estaba "perfectamente prevista" en las Leyes procesales.
En su comparecencia en el TSJIB, el imputado ha manifestado que en caso de haberse producido alguna irregularidad, ésta habría que analizarla en el ámbito administrativo y no en el campo en el que pudieran derivarse responsabilidades penales. Asimismo, ha reafirmado lo que ya arrojó en su anterior declaración, en la que afirmó que el expediente estuvo respaldado por el informe favorable de dos arquitectos del Ejecutivo balear, y el de "la misma abogacía de la Comunidad Autónoma que está personada como acusación particular en este proceso".
Finalmente, ha negado que se hubiera producido un "concierto previo" entre el entonces presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, y el arquitecto a fin de que le fuera otorgado el contrato de forma directa con fines electorales, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Fiol solicitó declarar de nuevo en el marco de la pieza número tres de la causa, que prevé en las próximas semanas ser devuelta al Juzgado de Instrucción número 3, una vez se constituya la nueva composición del Parlamento balear y Fiol deje de ser diputado. Su aforamiento provocó que el TSJIB se declarase competente para continuar instruyendo este fleco del caso.
"NADIE HA RECURRIDO LA CONTRATACIÓN DE CALATRAVA"
Su comparecencia ha tenido lugar después de la deposición del letrado de la Comunidad Autónoma José Fernández Ventura, quien ha comparecido en calidad de testigo también dentro de esta pieza de las 26 en que está compuesto el caso Palma Arena. En su declaración, el asesor jurídico del Gobierno balear ha manifestado que el expediente de contratación se gestó cuando él era miembro del Consejo de Administración del Ibisec, donde recomendó que Calatrava fuese contratado por la vía del negociado sin publicidad por ser una fórmula "completamente adecuada a derecho".
De hecho, ha incidido en que los trámites llevados a cabo por el Consell de Gobierno balear así como por el propio Ibisec no supusieron una lesividad de las normas administrativas. En este sentido, ha abundado en que tres años antes de que se incoase esta pieza separada nadie había interpuesto ningún recurso por la vía contencioso-administrativa al expediente de contratación.
Cabe recordar que Calatrava, al ser interrogado el pasado mes de febrero también como imputado, rechazó haber sido favorecido de manera ilícita al tiempo que aseguró no tener constancia de que se produjesen irregularidades en esta concesión, de la que el instructor postula que se habría beneficiado de forma directa como administrador de la mercantil Santiago Calatrava AG al no haber sido convocado concurso público alguno. Es más, defendió su valía para justificar que le fuesen encargados a él estos trabajos.
El anteproyecto de la ópera de Palma, que costó un total de 1,2 millones de euros a las arcas del Ejecutivo balear, no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.