Representantes de Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) han hecho entrega a un representante de Lokarri de 12 ejemplares de sendos libros con testimonios de las víctimas de ETA a una representante de Lokarri, que los ha recibido "en nombre de los organizadores y la delegación internacional que participa en la Conferencia de Paz que se celebra en San Sebastián".

Sin embargo, los integrantes de la asociación han rehusado acceder al Palacio para no estar "con los que llevan años viviendo de la humillación a las víctimas del terrorismo".

Los libros entregados son ''Vidas rotas'', que habla de las 857 víctimas mortales de ETA, y el decálogo ''No a la impunidad", firmado por asociaciones de víctimas de España.

"No tenemos ninguna intención de entrar con gente que no nos ha invitado y que simplemente quiere saber de nosotros para fingir una imagen amable sólo cuando hay medios de comunicación. La organización de este acto y muchos de los que ahí dentro se encuentran llevan años viviendo de la humillación a las víctimas del terrorismo", han remarcado, a los medios.

Una representación de las víctimas encabezada por Consuelo Ordóñez, Rubén Múgica, Caty Romero y Pilar Elías, entre otros, han entregado a la representante de Lokarri Aitziber Blanco de los citados elementos, quien les ha señalado que la organización del evento tenía previsto que fuesen recibidos en la Casa de la Paz. No obstante, los miembros de Covite no han querido acceder puesto que, según han dicho, no estaban invitados.

Consuelo Ordóñez, hermana del edil donostiarra del PP Gregorio Ordóñez asesinado por ETA, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que ''Vidas Rotas'' es un libro de "referencia" porque recoge la historia de las más de 800 víctimas de ETA. "No somos un número y nuestras familias no eran tampoco un número, eran personas con una historia detrás", ha indicado.

En ese sentido, ha denunciado que las personas que participan en la Conferencia internacional de distintos países "no deben de estar nada puestas en la historia más reciente de este país, en la historia de temor en la que unos matan y otros ponemos los muertos".

Por su parte, Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista Enrique Múgica también asesinado por ETA, ha denunciado que en este Palacio de Aiete "se está perpetrando uno de los ataques más virulentos a la democracia española desde la transición", al tiempo que ha insistido en que "lo que aquí se ha gestado es una estafa, una mentira y un insulto a las víctimas".

Asimismo, ha considerado que Bildu es "corresponsable de este ataque virulento a la democracia" y ha insistido en que "no puede haber mesa de ninguna clase, ni técnica ni de ningún tipo con los criminales". "Los criminales tienen que ser perseguidos y juzgados, tienen que cumplir sus penas. Lo que merece ETA no es una conferencia de paz sino un Nuremberg histórico", ha asegurado.

LIBRO Y DECÁLOGO

El libro ''Vidas Rotas'', escrito por Rogelio Alonso, Florencio Domínguez, y Marco García Rey, y al que Covite concedió un premio, recoge a lo largo de más de 1.300 páginas la historia de las 857 víctimas mortales que ETA ha provocado desde hace 50 años.

Por otra parte, el decálogo ''No a la impunidad" fue firmado el pasado 23 de noviembre de 2010 por asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Jorge Mota ha sido el encargado de leer este texto en el que se considera "imprescindible" resistir a la "tentación de impunidad judicial o histórica para blindarnos contra cualquier táctica engañosa promocionada por el mundo de Batasuna o ETA".

Asimismo, se solicita "no a la impunidad", "antes", "durante" y "tras el fin de ETA". En la misma línea, se exige a la organización terrorista, "a Batasuna y al resto de su entramado político la necesaria condena de la historia de ETA para volver a jugar en la política democrática, a fin de evitar una nueva tentativa de banalización, relativización y legitimación a posteriori de la misma".

El decálogo también afirma que la política penitenciaria "no debe convertirse en una política de gracia, porque no lo indica la ley y porque una aplicación laxa de la progresión de grados, supondría una forma de impunidad".

En este sentido, indica que, para la reinserción de presos de ETA, "hay que tener en cuenta las vertientes pública y privada". Por un lado, señala que la vertiente privada "exige el reconocimiento del daño personal causado, la asunción de responsabilidades pecuniarias y la colaboración, en lo posible, con la justicia para aclarar y resolver los cientos de casos de asesinatos aún no esclarecidos y pendientes de juicio".

Por otro lado, apunta a que la vertiente pública "exige la denuncia pública del reinsertado de la violencia terrorista, lo cual lleva a exigirle que acepte el Estado de Derecho, así como la condena de los fines totalitarios que radican en la acción terrorista para favorecer la deslegitimación del terrorismo entre los niños y jóvenes que legitiman todavía tales prácticas".

"Las víctimas del terrorismo creemos que el hipotético final de ETA debe hacer posible el esclarecimiento de todos los atentados que están sin resolver y que suman centenares de asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados sin autor conocido", concluye.