Un año después de que los controladores aéreos abandonaran sus puestos de trabajo coincidiendo con el inicio del Puente de la Constitución, dejando a miles de viajeros atrapados, la Justicia aún investiga si el caos que se produjo fue una acción premeditada y si AENA y el Gobierno pudieron evitarlo.
La denuncia de unos padres porque su hijo, que estudiaba fuera de Madrid, no podía volver, fue la primera que recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, cuya titular, María del Sagrario Herrero, comenzó el 10 de diciembre de 2010 una investigación que puede prolongarse otros 2 años.
Así lo señaló el exfiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo, socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que representa a los 11.500 perjudicados de la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha presentado otras 2.000 denuncias y ha anunciado 8.000 más.
Frente a los miles de afectados, 250 controladores están imputados solo en Madrid por delitos de abandono de funciones públicas, coacciones, contra la Ley de Navegación Aérea y, en un caso, detención ilegal tras la denuncia de unos pasajeros retenidos en un avión. Otros juzgados en Mallorca, Málaga, Barcelona, Santiago o Canarias tienen abiertos procedimientos por estos hechos.
El sindicato USCA
Por su parte, el portavoz nacional del sindicato de controladores USCA, Javier Zaón, aseguró ayer que fue el Gobierno de Zapatero el responsable del caos aéreo y aseguró que el Ejecutivo socialista "propició, planificó y orquestó" el cierre del espacio aéreo español.
Zanón dijo que los controladores "nunca abandonaron sus puestos de trabajo" e insistió en que AENA provocó "un cierre patronal", pues a su parecer "había controladores suficientes", tanto en el espacio aéreo de Canarias como el de Baleares.
Además, sostuvo que en Madrid "solo" un controlador se acogió a la Ley 34.4 de seguridad aérea, "que nos exige que para trabajar hay que estar en condiciones psico-físicas adecuadas", una norma, insistió, que de no cumplirse establece multas administrativas de hasta 300.000 euros.
Zanón subrayó, no obstante, que su imputación en el proceso judicial les ha servido "para demostrar en sede judicial que nosotros no tuvimos nada que ver", ya que según ha aclarado "había un cómo y un por qué". "Hay documentación y gente que lo va a demostrar", agregó.