Francisco Camps afronta el próximo lunes el plebiscito más complejo de su carrera política ante un jurado que escrutará su relación con la trama Gürtel. Si el veredicto es "culpable", este juicio podría ser la última consulta popular a la que se someta el expresidente valenciano.
Defensor de su inocencia, Camps vivirá esta jornada desde una posición inédita, la del banquillo de los acusados, y su atención no recaerá en esta ocasión sobre las papeletas depositadas en las urnas, sino en las actas que utilizará el tribunal popular para concretar su veredicto.
No estará solo. Junto a él concurrirá el ex secretario general del PPCV y actual diputado autonómico Ricardo Costa, procesado por los mismos hechos: aceptar diferentes prendas de vestir supuestamente abonadas por la red que lideraba Francisco Correa, lo que en términos jurídicos se traduce, según estipuló el instructor de la causa, en un delito continuado de cohecho pasivo impropio.
La lista también incluía -por idénticos motivos- al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y al exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, pero cayeron de la misma tras reconocer su culpabilidad y ser condenados a sendas multas de 9.600 euros. Betoret incluso devolvió los trajes a la Sala.
El lunes, a las 10.00 horas, el Tribunal Superior de Justicia valenciano iniciará la última etapa del proceso conocido como "la causa de los trajes", extraída de una operación iniciada en febrero de 2009 por la Audiencia Nacional contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales, a la que se bautizó "Gürtel" (correa en alemán).
Esta red agasajaba supuestamente a dirigentes políticos en toda España para conseguir adjudicaciones públicas y tenía una filial permanente en Valencia, la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez, conocido como "el Bigotes".
En la "causa de los trajes", asumida por el tribunal valenciano en marzo de 2009, el instructor desvinculó la aceptación de las prendas de la contratación pública, pero procesó a los cuatro implicados por el artículo 426 del Código Penal, que establece como delito la mera recepción de regalos por parte de una autoridad.
Después de casi tres años de interminables diligencias, archivos, reaperturas y recursos (cerca de un centenar interpuestos por Camps), un tribunal popular juzgará al expresident de la Generalitat por recibir, al menos, doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, prendas valoradas en 14.021 euros.
El Ministerio Fiscal pide que se le condene a una pena de multa de 41.250 euros, la misma que solicita para Costa, que presuntamente aceptó cuatro trajes y seis pantalones valorados en 7.325 euros.
Ambos niegan esta conducta. Siempre han sostenido que los trajes y el resto de prendas adquiridas en diferentes establecimientos de Madrid las pagaron ellos.
Su procesamiento, según han mantenido en numerosas ocasiones, forma parte de un montaje urdido por el Gobierno socialista que quedará al descubierto cuando sean absueltos.
Durante las dos semanas previstas para celebrar el juicio, el jurado escuchará a 90 testigos, entre ellos los líderes de la trama (Correa, Pérez y Pablo Crespo), y el conocido sastre de una de las tiendas de ropa, José Tomás, quien ha acusado públicamente y en reiteradas ocasiones a los procesados.
Y tras el veredicto, los pronósticos del futuro de Camps, quien dimitió el pasado 20 de julio al saber que sería juzgado.
La oposición lo considera absolutamente "inhabilitado" para ejercer un cargo público, y más aún atendiendo a otra investigación judicial en curso por supuesta financiación ilegal del PPCV durante su gestión.
En su partido, algunas fuentes lo consideran "amortizado" y no le conceden posibilidad alguna de regresar a la primera línea política, otras le visualizan emprendiendo el camino de la empresa privada y, las más optimistas, con absolución de por medio, lo sitúan en algún cargo orgánico o poco representativo.
Prácticamente ninguna de ellas le ve regresando al Gobierno valenciano o a un puesto que dependa directamente del voto ciudadano.
La decisión del jurado, análisis de unos hechos por parte de nueve personas que representan a la ciudadanía, ayudará a despejar esta incógnita, aunque su absolución también podría ser el germen de la disputa por una Presidencia que Camps abandonó por causas políticas ajenas a su voluntad.