La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el nombramiento del fiscal general del Estado se producirá en "breves fechas". Además, ha avanzado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se encargará de agilizar los procedimientos para renovar al Tribunal Constitucional en el plazo de tres meses.
En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del Gobierno ''popular'', Sáenz de Santamaría ha subrayado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es "consciente" de la necesidad de designar al nuevo fiscal general del Estado cumpliendo los trámites pertinentes ante el Congreso de los Diputados.
Tras el cese de Cándido Conde-Pumpido aprobado hace una semana, el nuevo fiscal general deberá contar con el dictamen favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y realizar la comparecencia de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, conforme al nuevo sistema establecido por la reforma de 2007 del Estatuto del Ministerio Fiscal.
La portavoz del Gobierno ha recordado que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme al principio de dependencia jerárquica pero ha subrayado que el PP "siempre" ha apostado por "una persona que lleve a cabo las tareas que corresponden al Estado". "Nosotros nombraremos a un fiscal general del Estado encargado de la defensa de la legalidad --ha dicho-- y de la protección de los derechos y deberes de los españoles, como es su cometido".
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia también ha hecho alusión a la renovación del Tribunal Constitucional. A este respecto, ha recordado que Rajoy resaltó en su discurso de investidura la necesidad de abordar con "urgencia" la renovación de esta institución así como de otras como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o del Consejo de RTVE.
La portavoz del Ejecutivo se ha comprometido a abrir un diálogo con las fuerzas políticas y "en particular" con el principal partido de la oposición ya que se trata de un asunto en el que "están implicadas las Cortes Generales". "El presidente del Gobierno ha dicho que personalmente procederá a agilizar los procedimientos para que se lleve a cabo esa renovación", ha añadido.
JUSTICIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
En relación con la designación de Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, ha defendido que el presidente del Gobierno ha considerado que el exalcalde de Madrid es la "persona, por sus conocimientos, más adecuada" para gestionar estas competencias. A su juicio, los madrileños "valorarán" que, en este momento, es importante llevar "al más adecuado" para sacar adelante esta tarea.
Algunos vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han expresado su sentimiento de "decepción" y "profundo malestar" con el nombramiento de Ruiz-Gallardón, cuya toma de posesión estuvo marcada por las ausencias del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el órgano de gobierno de los jueces.
En este sentido, ha hecho hincapié en que esta cartera es "importante" para mejorar la competitividad y ayudar a reactivar la economía española. A su entender, uno de sus "lastres" radica en las deficiencias del marco normativo para la resolución de conflictos.
Según ha destacado, Ruiz-Gallardón tiene por delante la tarea de modernizar la Administración de Justicia, especialmente en lo relativo a las nuevas tecnologías, con el fin de acabar con el exceso de litigiosidad.
La Ley de Jurisdicción voluntaria y la Ley de Arbitraje integrarán el paquete de normas para superar estas deficiencias del marco regulatorio para simplificar y agilizar los procedimientos.