Una investigación iniciada hace más de 4 años en torno al sobrecoste del velódromo Palma Arena ha dado lugar a uno de los casos de supuesta corrupción más sonados de la historia de la Democracia, con ramificaciones que afectan a un expresidente autonómico, Jaume Matas, y a un miembro de la Familia Real, Iñaki Urdangarín.

El caso Palma Arena estalló en verano de 2007 a raíz de una auditoría realizada por el Govern balear en torno al pabellón deportivo construido durante la legislatura 2003-2007 de Matas, que costó más del doble de lo presupuestado hasta unos 110 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción tuvo conocimiento de las sospechas de desvío de fondos públicos tras las elecciones de 2007, cuando el nuevo Govern balear del pacto de izquierdas le remitió una reclamación de pago por valor de 35 millones de euros por la construcción del Palma Arena.

Más de un año después, en noviembre de 2008, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, encargado de las pesquisas, registró el velódromo con los fiscales Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach y Juan Carrau, en lo que supuso la cara visible de este caso, que desde entonces no ha dejado de crecer.

Entre el medio centenar de personas imputadas en la causa, que llena 60.000 folios, se encuentran desde un miembro de la Familia Real como el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, hasta un arquitecto internacional como Santiago Calatrava, pasando por un exvocal del Consejo General de Poder Judicial Enrique Arnaldo Alcubillas.

En el epicentro del caso está el expresidente balear, imputado en varias piezas, que a partir del 9 de enero se enfrenta a 8 años y medio de cárcel en el primer juicio del Palma Arena y de quien Castro investiga el incremento de su patrimonio de 2003 a 2007.

Lo que en un principio era una cuestión de desvío de fondos públicos a manos privadas -supuestamente de Matas y de otros cargos del Ejecutivo autonómico-, ha ido ramificándose en 26 piezas que tratan vertientes tan dispares como la presunta financiación ilegal del PP, el encargo por parte de Matas de un proyecto de ópera a Calatrava o la contratación por el Govern del Instituto Nóos presidido por Urdangarin.

Aparte del registro del velódromo en 2008, el juez Castro también entró dos veces en el conocido como "palacete" de Matas en el centro de Palma, una vivienda de unos 400 metros cuadrados que compró por 950.000 euros, cuando el valor estimado de la Agencia Tributaria era de casi 2,5 millones.

En la primera entrada a la casa la comisión judicial halló varios cuadros de alto valor, una extensa colección de vinos y televisores de alta gama, mientras que en la segunda, que se produjo en la Nochebuena de 2009, buscaba una caja fuerte que no halló.

El incremento patrimonial de Matas, que le permitió comprar, supuestamente mediante testaferros, una casa en el barrio madrileño de Salamanca por 1 millón de euros, es una de las vertientes del caso, en el que se investigan un rosario de delitos como malversación, prevaricación, delitos fiscales y electorales, falsedad y fraude.

En las 26 piezas en que se divide (25 más la principal, que por sí sola ocupa 36 tomos), el juez Castro también indaga la supuesta financiación ilegal del PP en la campaña electoral de 2007 y la contratación de la publicidad del Mundial de Ciclismo que se celebró también en 2007 en el Palma Arena.

Dos de ellas, las más generales, se derivan de todas aquellas actuaciones que puedan suponer un cobro ilícito de comisiones y un posible blanqueo de capitales.

La última pieza abierta, que ha permanecido bajo un especial secreto hasta final de 2011, es la referida al Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro cuyas supuestas actividades irregulares ha costado la imputación del duque de Palma, Iñagi Urdangarin, que la presidió y que deberá declarar el próximo 25 de febrero.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Urdangarin y su socio Diego Torres desviaron fondos públicos en beneficio propio. Entre 2004 y 2007, los dos imputados percibieron 5,8 millones de euros que Nóos cobró de organismos públicos.