El juez Baltasar Garzón aseguró ayer que asume todas y cada una de las decisiones adoptadas en relación a la intervención de las comunicaciones en prisión a los imputados del caso Gürtel y sus abogados, y defendió que no se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió. Así lo recalcó el magistrado, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, en su turno de última palabra en el juicio en el Tribunal Supremo (TS) por ordenar las escuchas a los cabecillas de la trama, que quedó visto para sentencia a las 17:43.

"Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad", afirmó Garzón, tras reiterar que eran la única vía posible para evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo desde prisión.

El juez, que comenzó reconociendo que ésta puede ser la última vez que haga uso de su turno de última palabra ante un tribunal español en este caso, reivindicó el derecho a su inocencia e insistió en que todas las decisiones se adoptaron en el ejercicio jurisdiccional y estuvieron guiadas a proteger los derechos de las partes.

"Especialmente de las personas afectadas por la intervención de las comunicaciones", añadió. Y recalcó que todas las medidas estaban destinadas a prevenir el derecho de defensa y que ni una sola de las diligencias que adoptó mientras instruyó la causa tuvo relación con el contenido de las grabaciones.

Garzón subrayó que en este caso se perseguía un delito de blanqueo de capitales, en el que se constató que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, continuaban dirigiendo las estructuras desde la cárcel, por lo que las escuchas eran "la única medida posible", como confirmaron los testimonios de los policías.

Asi, dijo que esas medidas se adoptaron de conformidad con las normas nacionales, constitucionales y de los convenios internacionales de los que España es parte, especialmente los referidos a la criminalidad trasnacional, y es en ese marco en el que todas las decisiones relativas a las escuchas tienen su "explicación y justificación".

Defendió que la Fiscalía participase en el expurgo de las conversaciones, ya que el juez no puede prescindir del Ministerio Fiscal y debe contar con su concurso, mucho más cuando las diligencias están secretas.

"Porque creo en la Justicia, creo en su inocencia", dice su abogado

El abogado de Garzón, Francisco Baena, defendió la legalidad de las escuchas y confesó que porque cree y confía en la Justicia, cree en la inocencia del juez, que salvaguardó el derecho de defensa y no prevaricó en ningún momento. "El derecho de defensa no es un chicle. No podemos hacer lo que nos dé la gana", dijo Baena ante el Supremo. Baena afirmó que el derecho de defensa tiene sus límites, y no hay ninguna razón para acusar a Garzón de haber cometido una "clamorosa prevaricación", como dijo el abogado de la acusación, José Antonio Choclán, que representa al supuesto cerebro de la red, Francisco Correa. "Yo no comparto eso. Me gustaría cambiar la frase por clamorosa equivocación o clamorosa exageración", señaló el abogado.