El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.
Soraya Sáenz de Santamaría explicó que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) determinará primero un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones que podría ampliarse.
Así, explicó que se revisará el régimen sancionador para reforzarlo, según sean infracciones administrativas o contables, lo que conllevará una reforma del código penal sin efectos retroactivos, como había propuesto el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
"Habrá una ley de buen gobierno", dijo, que fije las obligaciones legales de los gestores y que guíe la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit.
Añadió que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal" más intensa.
"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina según infracciones del ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", puntualizó, aunque para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero un cuadro de obligaciones legales de cada gestor público.