La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, insistió ayer en que el Gobierno mantiene su compromiso de reducir el déficit público al 4,4% del PIB en 2012, una meta en la que se pondrá el "mayor rigor y esfuerzo", acometiendo reformas adicionales para lograrlo si fuera necesario.

La vicepresidenta hizo esta declaración de intenciones al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que recalcó que toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo y que para ello se necesita cumplir con la reducción del déficit y hacer reformas.

Las palabras de la vicepresidenta llegan después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijera el jueves al diario alemán Financial Times Deutschland que no podía asegurar que España cumpliera con el objetivo de déficit público en 2012 ante la amenaza de una nueva recesión y el empeoramiento de las previsiones internacionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha revisado sus previsiones macroeconómicas, que hará públicas el martes, según las cuales la economía española caerá el 1,7% en 2012 y el 0,3% en 2013.

La vicepresidenta dijo que el Gobierno trabajará para que no se cumplan las negativas previsiones del FMI. Al respecto, hizo hincapié en que cada viernes el Consejo de Ministros está aprobando o analizando nuevas iniciativas con las que se está avanzando "con voluntad y determinación" en el proceso reformador y en el equilibrio presupuestario.

Organismos reguladores

Por otra parte, el Gobierno ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para que en "breve plazo" presente una reforma integral de los organismos reguladores con el objetivo de "simplificar al máximo su número" y crear una estructura "muy austera".

La vicepresidenta explicó que el grupo lo integrarán los Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La reforma se hará siguiendo tres principios esenciales: austeridad, neutralidad y profesionalidad, y eficacia.

Según la vicepresidenta, durante el Gobierno socialista hubo una proliferación de organismos reguladores con competencias que se solapan y que suponen la multiplicación de estructuras, dado que cada organismo cuenta con equipo directivo propio y medios materiales y humanos.

Recordó que la ley de economía sostenible fijó cuatro organismos reguladores: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal. Posteriormente, señaló, se crearon el Comité Nacional del Transporte, la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria.

En su opinión, es necesario reformar esta estructura cuanto antes para devolver la confianza a los operadores y a los consumidores en sectores clave de la economía.

El Gobierno pretende garantizar la profesionalidad de los integrantes de los organismos, incidiendo en su neutralidad y "verdadera" independencia, de forma que tengan una trayectoria debidamente contrastada sin ningún tipo de incompatibilidad en el sector y estén sometidos al control del Parlamento.