El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) abrió juicio oral contra el presidente del PP de la provincia de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, y le impuso una fianza de más de 4,2 millones de euros.
En la causa, abierta por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, también están acusados la esposa del dirigente popular, Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives, según el auto facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El titular del Juzgado de Instrucción de Nules, Jacobo Pin, impuso una fianza de 4.270.859 euros a Fabra, de 1.718.192 euros para su esposa, y de 800.000 para Vilar y su exmujer.
En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, que se siguen en el citado juzgado de Nules, por entender que habían prescrito.
Sin embargo, el 1 de diciembre, el Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra Fabra y su mujer, que recurrió ante el Constitucional.
Pin, el noveno titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules desde que se abrió esta causa, decretó la apertura de juicio oral tras concluir el 23 de diciembre la instrucción de la investigación abierta en 2003 contra Fabra, tras dos querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar.
El juez considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
Plazos
Los acusados tienen un plazo de un día (que podría prolongarse hasta el lunes) para entregar la fianza, y si transcurrido ese plazo no es depositada, se procederá a embargar los bienes de su propiedad en la cantidad necesaria para cubrir la suma fijada, a no ser que se acredite la insolvencia.
Además, las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas. Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules.
En los antecedentes de hecho, el juez sostenía que Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su entonces esposa, Monserrat Vives.
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad. Para ello se puso en contacto con Fabra a través de su mujer, amiga de Vives.
A raíz de estas actuaciones Fabra celebró una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada; el secretario de Estado de Hacienda Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim para tratar los retrasos en la concesión de licencias para los fitosanitarios e informar sobre el estado administrativo de los productos de Vilar y Vives.