La defensa de Baltasar Garzón y la Fiscalía han pedido la nulidad de la causa abierta al juez por investigar los crímenes del franquismo y cargaron contra el instructor, Luciano Varela, del que dijeron que "tomó partido y perdió su imparcialidad" y cuya actuación tildaron de "insólita".

Tanto el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda como el fiscal Luis Navajas se refirieron con estos calificativos a la providencia dictada en abril de 2010 por la que Varela dio una "segunda oportunidad" a Manos Limpias para que corrigiera los defectos advertidos en su escrito de acusación.

Así, el letrado de Garzón consideró que el instructor "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad" al llegar a sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista debía corregir esos errores, advirtiéndole por ejemplo de que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término "a sabiendas".

La tutela judicial efectiva "no puede servir para amparar el derecho a que el juez reoriente la estrategia de acusaciones que son defectuosas", insistió el abogado, que recordó casos como el de Filesa y el Nani, en los que los defectos formales impidieron seguir la causa contra algunos de los acusados.

Por su parte, el fiscal -que aseguró que en sus 36 años de carrera no ha visto una actuación parecida a la de Varela- dijo que la providencia "transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible".

Varela "devolvió el toro a los toriles porque el morlaco no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera", añadió.

El escrito finalmente presentado por Manos Limpias, que pide 20 años de inhabilitación para Garzón, fue "un corta y pega" de los autos del instructor, hasta el punto, según Martínez-Fresneda, de que incluían las mismas erratas.

La defensa sostiene, además, que el texto debió rechazarse porque no precisa cuáles de las resoluciones adoptadas por Garzón son las supuestamente injustas y, por tanto, prevaricadoras y que tenía como único objetivo que Varela pudiera abrir juicio oral y, por tanto, conseguir la suspensión del juez, que tuvo lugar en mayo de 2010.

El letrado solicitó el sobreseimiento de la causa en aplicación de la "doctrina Botín" del propio Supremo, que estableció que no se puede abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular cuando la Fiscalía y los posible perjudicados piden el archivo.

Según la defensa, ni Manos Limpias ni Libertad e Identidad, que también ejerce la acusación, han resultado ofendidas o perjudicadas por la supuesta prevaricación de Garzón, por lo que carecen de legitimación para acusarle. Además, dijo que en este caso no es aplicable la "doctrina Atutxa", que permite acusar en solitario a la acción popular si es para defender "intereses colectivos", y recalcó que la conducta de Garzón "no ha causado perjuicio alguno".

Por último, la defensa denunció la indefensión que supone el que el Supremo no haya aceptado escuchar el testimonio de juristas españoles y extranjeros que sostienen las mismas tesis de Garzón.