El juez español Baltasar Garzón ha proseguido hoy en Quito con su función de asesor sobre la reforma del sistema judicial ecuatoriano y no se ha pronunciado respecto a la inculpación de cohecho impropio por el Tribunal Supremo de España.

"Él no puede hacer ningún tipo de declaración. No es que no quiera, es que no puede", dijo una fuente española cercana a Garzón en el hotel donde el magistrado se reunió hoy con delegados del Ministerio ecuatoriano de Justicia.

La fuente recalcó que Garzón "es prudente con las causas que tiene en España".

El magistrado fue inculpado hoy de cohecho impropio por el Tribunal Supremo de España, que instruye la causa abierta al juez por el dinero que diversas entidades aportaron como patrocinio a varios cursos que recibió en Nueva York en 2005 y 2006.

Esta es el último de los procesos que Garzón tiene abiertos en el Tribunal Supremo, donde ya ha sido juzgado por prevaricación por ordenar las escuchas en el caso de corrupción "Gürtel" y está siendo enjuiciado por el mismo delito por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

El magistrado, que preside la veeduría internacional que supervisa la reforma del sistema judicial de Ecuador, llegó esta semana a Quito, donde ha sido testigo de la instalación de la nueva Corte Nacional de Justicia.

Ayer jueves 21 magistrados elegidos por el Consejo de la Judicatura de Transición asumieron su cargo en esa Corte, en medio de críticas de algunos sectores de la oposición, que alegan que algunos de ellos tienen vínculos con el Gobierno.

Antes de la toma de posesión de los magistrados, Garzón manifestó en una rueda de prensa que la veeduría internacional está "analizando todos y cada uno de los elementos que se han tenido en cuenta para hacer las evaluaciones" y apuntó que también observará "las reclamaciones y denuncias" que hayan puesto parlamentarios o personas privadas.

Mientras, han continuado los procesos emprendidos contra él en España.

Por el cargo de cohecho impropio, Garzón podría enfrentarse a una pena de multa, ya que por la fecha en la que supuestamente fueron cometidos los hechos no es de aplicación la última reforma del Código Penal, de junio de 2010, que castiga ese delito con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Esta denuncia ante el Tribunal Supremo está relacionada con el dinero que presuntamente percibió Garzón del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006.

Los querellantes relacionan la percepción de 300.000 dólares por el juez con su decisión de no admitir a trámite una querella contra directivos del Banco Santander.