El juez Baltasar Garzón negó ante el Tribunal Supremo (TS) ayer que fueran razones políticas las que le movieran a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y dijo que hizo lo que creía que tenía que hacer, por encima de ideologías, para contribuir a la reparación de las víctimas.

"Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección", dijo.

De esta forma contestaba Garzón a su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, después de que el TS haya rechazado declarar la nulidad de la causa como solicitaron la defensa y la Fiscalía y haya reanudado el juicio al magistrado, que un día más contó con el apoyo y aplauso de decenas de sus partidarios concentrados a las puertas del alto tribunal.

Garzón, que se negó a contestar las preguntas de la acusación popular de Manos Limpias por considerar que no está legitimada, insistió en que no vulneró la Ley de Amnistía porque esa norma se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes denunciados pudieran tener naturaleza política. "Son hechos delictivos", y no políticos, en un contexto del crímenes contra la humanidad, aseguró.

Así, recordó que las denuncias que a partir de diciembre de 2006 presentaron en su juzgado las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares describían un "plan preconcebido" y "sistemático" de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas, que encajaban dentro de crímenes contra la humanidad. Se trataba, según Garzón dijo a su abogado, de hechos parangonables a los ocurridos entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios en Europa.

"Absolutamente, así es", dijo el juez comparando la mecánica utilizada con la de los regímenes nazis y recordando que también otros jueces de la Audiencia Nacional investigan causas relacionadas con supervivientes de campos de concentración en Alemania.

Garzón insistió en que se declaró competente para investigar dichos crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos de la nación, aplicando la ley, los convenios internacionales y la doctrina que el propio Supremo estableció al condenar al exmilitar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina.

Además, considera que no existía prescripción de los delitos puesto que se trataba de desapariciones y ejecuciones permanentes cuyos efectos son también perma-nentes mientras no aparezca la víctima. Negó que sus decisiones entraran en colisión con la Ley de Memoria Histórica y aseguró que "verdad, justicia y reparación" es lo que él desea para las víctimas que no han sido resarcidas.

Respecto al auto de octubre de 2008 en el que se declaró competente para investigar los hechos y pidió, entre otras pruebas, el certificado de defunción de Franco, destacó que era un trámite normal y necesario para determinar la exención de responsabilidad penal más allá de la "chanza o gracia" que pueda provocar.

Dijo que siempre ha procurado respetar las normas legales y procesales, que "para nada" intentó hacer una interpretación fuera de una línea aceptable y defendible en derecho y que actuó de acuerdo con la leyes de la "buena fe".