Sindicatos de enseñanza han pedido la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, por la "desproporcionada acción policial" durante los últimos días en las protestas estudiantiles celebradas en Valencia en contra de los recortes de la Generalitat.
En este sentido, UGT-PV considera que si no se produce la dimisión por parte de la delegada del Gobierno, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, debe cesar en el cargo a Sánchez de León quien, según el sindicato, "ha demostrado su incompetencia e ineptitud al gestionar unas manifestaciones pacíficas, donde la mayor parte de los participantes eran menores de edad".
"Las imágenes del maltrato policial a menores y viandantes están dando la vuelta al mundo mostrando una dimensión represiva impropia de una sociedad democrática donde el derecho de manifestación se respeta", ha señalado en un comunicado el sindicato.
Además, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT-PV ha censurado y condenado "las brutales cargas policiales" contra los estudiantes en los últimos días, y además de la dimisión de Sánchez de León, también ha pedido la del jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno, que ha tildado de "enemigos" a los estudiantes que se manifestaban.
FETE UGT-PV, quien ha expresado su solidaridad con los estudiantes detenidos y "apaleados", ha esperado que se investigan los hechos y que se depuran las responsabilidades que correspondan. También espera que por parte de los gobiernos nacional y autonómico "se corrijan las políticas de recorte y ajuste en la Educación, causantes de esta movilización y descontento ciudadano".
Esta federación sindical se suma y apoya las manifestaciones de protesta convocadas y espera que cuenten también cono el apoyo y el reconocimiento de todas las organizaciones e instituciones democráticas, especialmente la Generalitat y la Conselleria de Educación, que entiende que "debe pronunciarse en defensa del alumnado agredido y sus familias y exigir las responsabilidades que correspondan por los abusos y las extralimitaciones cometidas".
Del mismo modo, CCOO-PV también ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno por su gestión del "conflicto" con los estudiantes del IES Lluís Vives. La central sindical considera "desproporcionada" la actuación policial contra los estudiantes y, por tanto, la ha condenado.
"La escalada represora, injustificada representa un grave ataque a los derechos democráticos de reunión y manifestación", ha subrayado en un comunicado. Según el sindicato, "reprimir la disidencia ante estas políticas de recortes, nos retrae a momentos predemocráticos". Asimismo, la Federació d''Ensenyament de CCOO-PV condena la actuación policial y la "escalada represora".
Por su parte, Intersindical Valenciana también ha pedido la dimisión de Sánchez de León y también la de Antonio Moreno, al considerarlos responsables de la "represión" policial que está sufriendo la ciudad de Valencia en las últimas semanas.
Para el sindicato, tanto la delegada del Gobierno como el jefe de la Policía "mienten reiteradamente cuando criminalizan el alumnado de los hechos ocurridos". Al respecto, ha asegurado que "ha sido la propia Policía la que ha generado esta situación y esta ha recibido orden directas de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior".
Ante esta situación, desde Intersindical Valenciana considera que "hace falta una respuesta ciudadana contundente para acabar con la situación que vive la ciudad por la represión policial y los ataques a las ciudadanas y ciudadanos valenciana".
ANPE en la Comunidad Valenciana, en un comunicado, también ha expresado su "más absoluto rechazo" a los recortes que está llevando a cabo el Gobierno valenciano y su apoyo "con firmeza" a todas las protestas "ante el brutal ataque que la educación pública está sufriendo".
LLAMAMIENTO "A LA CALMA"
Por otra parte, ANPE ha hecho un llamamiento "a la calma" a toda la comunidad educativa. "Las últimas protestas convocadas por los alumnos, afectados por estos recortes, han provocado un escenario que desde ANPE lamentamos profundamente", ha manifestado.
"Desde nuestra independencia como sindicato profesional de los docentes alentamos a que las acciones que en un futuro puedan producirse por algún miembro de la comunidad educativa, continúen avalando el derecho de los ciudadanos a la protesta por realizarse de forma cívica, tanto por los convocantes como por los responsables de la seguridad ciudadana y que ningún otro motivo que no sea el interés por la educación, participe en dichas acciones", ha resaltado.