La Fiscalía de la Audiencia Nacional insistió en apreciar una "conducta negligente penalmente relevante" en la contratación del Yak-42 y apoyó el recurso de las familias de los fallecidos en el accidente contra el archivo de la causa en la que estaban imputados seis mandos militares.

Así lo asegura el teniente fiscal de este tribunal, Fernando Burgos, en un escrito remitido ayer al Juzgado Central de Instrucción número 3 de este tribunal después de que su titular, Fernando Grande-Marlaska, preguntara a la Fiscalía por su postura respecto al recurso presentado por los familiares de los 62 militares fallecidos contra su decisión de archivar la causa el 2 de febrero.

Burgos responde en este escrito que los fundamentos citados en dicho recurso "coinciden sustancialmente" con los expuestos inicialmente por la Fiscalía el 13 de enero, cuando se mostró favorable a que se juzgara a la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo al estimar que su "absoluta falta de diligencia" estuvo en el origen del siniestro.

Ahora, vuelve a insistir en esta postura "dada la previa existencia de imputaciones" y a que no existen supuestos legalmente previstos para archivar el caso en el que se investigaban las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 que se estrelló en mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

Contratación negligente

"Se desprende clara y meridianamente la existencia de una conducta negligente penalmente relevante en la producción de un resultado lesivo" consistente en la muerte de 62 militares españoles en Trebisonda", afirma el escrito.

Esta posición, coincidente con la del informe final del pasado 13 de enero firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, supuso sin embargo un cambio de criterio respecto al primer borrador elaborado por Burgos, en el que se inclinaba por el archivo de la causa.

Y es que, tras elevárselo a su superior inmediato, lo que iba a ser una solicitud de sobreseimiento por parte del teniente fiscal se convirtió en un escrito en el que se destacaba "la concurrencia de indicios" del delito de imprudencia grave.

Posteriormente, cuando el magistrado decretó el archivo de la causa, la Fiscalía anunció que no recurriría esta decisión, aunque no descartaba adherirse a alguno de los dos recursos de apelación presentados por las acusaciones particulares que ejercen los familiares de los soldados fallecidos, como finalmente ha hecho. Hasta que decretó el archivo, Marlaska mantuvo imputados en este procedimiento a seis militares.