El coordinador general de IU, Cayo Lara, dijo ayer que aunque la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de fijar el déficit público al 5,8 % en 2012 parezca "un gesto valiente" frente a Bruselas, que le pedía un 4,4 %, traerá "más sufrimiento" a España.

Cayo Lara hizo esta advertencia antes de intervenir en Valencia en un acto contra los recortes, donde avanzó que su grupo parlamentario preguntará en la próxima sesión de control al presidente sobre este nuevo objetivo de déficit, que Rajoy ha propuesto "haciendo caso omiso" a la posición de la Unión Europea.

"Al final se tendrá que ir a una política de recortes de 15.600 millones de euros y, lo que es más grave, lo van a plantear directamente contra las comunidades autónomas", avisó.

El líder de IU censuró al Ejecutivo por estar "criminalizando" a las autonomías, a las que va a exigir que "recorten, todavía más si cabe, en políticas de sanidad y educación".

Por ello, llamó a "a la rebelión" a las comunidades autónomas independientemente del signo político de sus gobiernos, frente a lo que considera "un atentado a su soberanía", pues se van a ver obligadas a recortar en servicios transferidos, pronosticó.

"La política de recortes de Rajoy va a incidir en que tengamos más crisis, más paro y menos ingresos en las arcas de Hacienda", advirtió.

El coordinador de IU avanzó que el decrecimiento de la economía española, que la Unión Europea fija en el 1% y el Gobierno en el 1,7%, y los despidos a causa la reforma laboral llevarán a que al final la cifra de parados en España supere los 6 millones.

El Gobierno de Rajoy, en su opinión, no tiene que contar a los españoles que van a "tener más paro y más sufrimiento", sino las medidas que va a poner en marcha "para empezar a crear empleo de manera inmediata".

Cayó Lara exigió, además, un plan urgente de lucha contra la pobreza, debido al aumento "exagerado de la desintegración social en España".

En la ciudad de Valencia, el líder de IU pidió la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y el jefe superior de la Policía Nacional en esa comunidad, Antonio Moreno, por la actuación en las protestas estudiantiles ocurridas en la ciudad en febrero.

Acusó a ambos de "tomar la decisión de cargar contra quienes no tenían en sus manos nada más que los libros", en defensa de "una educación pública de calidad" en la Comunitat Valenciana.