Al menos siete funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, han sido detenidos hoy por la Guardia Civil en relación con el "caso Arcos" contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín.
La investigación continúa y no se descartan más arrestos, según han informado fuentes cercanas a las pesquisas, que han precisado que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se han desplazado desde Madrid tres funcionarios del Catastro para el desarrollo de esta operación.
La Guardia Civil registra desde primeras horas de hoy en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro y de su archivo, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados y domicilios particulares.
Los agentes están mirando documentación y ordenadores en la sede del Patronato de Recaudación, donde están solicitando datos catastrales en relación con los mandatos del exalcalde de Alcaucín.
Este Patronato se encarga del cobro de los impuestos de 95 de los 101 municipios de la provincia y a sus oficinas centrales, situadas en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), a las afueras de Málaga, llegaron a las 08.00 horas de hoy seis vehículos del instituto armado.
Por su parte, media docena de guardias civiles custodian la entrada de la Gerencia del Catastro situada en la segunda planta del edificio del Ministerio de Hacienda, en el centro de la ciudad, mientras que hay vehículos del instituto armado en las inmediaciones de ese inmueble.
Ciudadanos que tenían cita para efectuar gestiones en estas oficinas se han tenido que marchar al no poder ser atendidos, en algún caso con la excusa de haberse producido un fallo informático.
El portavoz del gobierno del PP en la Diputación, José Francisco Salado, tiene previsto comparecer en conferencia de prensa esta mañana para informar sobre esta operación.
El "caso Arcos" llevó a la cárcel hace tres años al entonces alcalde socialista de Alcaucín José Manuel Martín Alba, suma medio centenar de imputados y destapó una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía.