La juez que investiga los ERE irregulares ha imputado hoy seis delitos al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al que ha definido como autor intelectual, entre otros, del "sistema operativo" de las ayudas investigadas.
La juez Mercedes Alaya ha leído durante una hora y media el relato de hechos que imputa a Fernández y ha enumerado cuatro delitos continuados: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación.
Además le ha imputado delitos simples de cohecho y falsedad en documento.
La juez ha señalado a Fernández como ideólogo del convenio firmado en 2001 para canalizar las ayudas y ha afirmado que todas ellas son nulas de pleno derecho por vulneración del artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía al carecer de cobertura presupuestaria.
Abogados personados en la causa han informado en un receso de que la juez ha sugerido que Fernández llegó a renunciar a una ayuda de 400.000 euros en la bodega González Byass cuando ya estaba en marcha este procedimiento judicial.
Según el relato de la juez, Fernández tuvo que conocer las irregularidades de las ayudas, que se daban de forma arbitraria y sin control, y ni siquiera se crearon las obligadas Comisiones de Seguimiento.
Ha citado que Fernández vulneró la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del consejo regulador del Jerez y que pudo conceder ayudas a empresas de esa zona por ser su localidad de nacimiento.