La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy medidas para restringir las importaciones del biodiesel argentino como respuesta a la decisión de las autoridades del país sudamericano de expropiar YPF a Repsol.

Sáenz de Santamaría ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, en la que se han analizado las medidas que piensa poner en marcha el Ejecutivo ante esa expropiación.

En ese contexto, la vicepresidenta ha señalado que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha planteado una orden ministerial que se conoce como "la del biodiesel" y que será firmada hoy y publicada mañana en el BOE.

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta ha señalado que se trata de "un sistema de medidas equivalentes que tiene por objeto establecer la circunstancia en que se logrará esa medida de efecto equivalente cuando se adquiera biodiesel de aquellas empresas que tengan ciertas autorizaciones y que deban estar situadas en el territorio español o comunitario".

Según ella, "esta es una acción que logrará un apoyo a esas operaciones de refino por parte de empresas españolas o comunitarias y que busca colocarlas en una situación adecuada para poder prestar ese biodiesel en condiciones que lo hagan competitivo".

Se trata de apoyar la producción de biocombustibles por parte de compañías españolas para reducir así las importaciones procedentes de Argentina.

El mes pasado, la industria española de este sector reclamó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que publicara la normativa de asignación de biodiesel para frenar las compras que consideran desleales por parte de Argentina e Indonesia y que están afectando al sector.

Sáenz de Santamaría ha informado de la iniciativa sobre el biodiesel horas después de que el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución que insta a la UE, entre otros aspectos, a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que tienen las exportaciones argentinas para entrar al mercado comunitario.

Entre los productos argentinos que se han venido beneficiando, están los biocombustibles, el aceite de soja y algunas frutas y pescados, entre otros.

Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia de la resolución aprobada en Estrasburgo por una amplia mayoría, si bien los eurodiputados del PSOE han votado en contra del punto relativo a la suspensión parcial de las ventajas arancelarias.

"Nos hubiera gustado haber tenido el apoyo de algunos en ese tipo de medidas, pero bienvenido sea el apoyo del conjunto del Parlamento Europeo", ha señalado.

La vicepresidenta ha subrayado que el Ejecutivo seguirá promoviendo iniciativas diplomáticas en todos los foros con el fin de defender los intereses de los españoles, en particular, de los que son accionistas de Repsol.

Ha destacado el "importante y enorme" respaldo internacional que España está recabando para denunciar la expropiación de YPF.

Sáenz de Santamaría ha citado el "amplio apoyo" de Iberoamérica, de la UE y de Estados Unidos, así como de numerosos organismos internacionales.

A su juicio, una decisión como la adoptada por el Gobierno argentino afecta a toda la comunidad internacional y a los países que "cumplen la legalidad" y los principios de seguridad jurídica de las inversiones.

La vicepresidenta ha advertido a Argentina de que la expropiación de YPF "va en contra de sus propios intereses" y que su reputación en el mundo queda "seriamente dañada".

Cristina Fernández anunció el pasado lunes la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF al declarar a la petrolera argentina de utilidad pública.

Justificó esta maniobra en la necesidad de recuperar la soberanía de los recursos energéticos del país para garantizar el abastecimiento y reducir sus importaciones en este ámbito.

El Gobierno español reaccionó advirtiendo que tomaría medidas "claras y contundentes" al considerar que se trataba de una decisión "arbitraria y discriminatoria" contra los intereses de España.

Las autoridades argentinas han respondido que no temen las posibles respuestas internacionales y que mantienen el proyecto de expropiación, que ya se está tramitando en el Parlamento.

"No nos preocupa ningún tipo de represalias", dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ayer, jueves.