El Gobierno ha denunciado ante el Tribunal Constitucional a la Junta de Andalucía por la convocatoria de oposiciones para profesores en Andalucía por considerar que incumple un decreto del Ejecutivo que prohíbe la incorporación de nuevo personal en servicios esenciales.

Así, el Consejo de Ministros ha acordado hoy plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Orden de la Consejería de Educación andaluza del 13 de febrero de 2012 en la que se convoca un proceso de selección de 2.389 plazas para cuerpos docentes no universitarios.

El planteamiento del conflicto comporta la suspensión de la Orden de la Consejería de Educación de Andalucía.

Según explica el Gobierno, el número de plazas convocadas "contraviene las limitaciones" que con carácter básico, "y por tanto vinculantes para las Comunidades Autónomas", estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011.

Dicha norma prohíbe la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones, en servicios esenciales, y en consecuencia la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10 por 100 la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.

Este real decreto ley fijó nuevos límites básicos para el año 2012 en materia de Oferta de Empleo Público, "por lo que cualquier convocatoria autonómica anterior queda desplazada y, para no extralimitarse, debe ajustarse al nuevo marco, lo que no ha ocurrido con la convocatoria andaluza de profesores", añade el Gobierno.

La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica "no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30 por 100 de efectivos".

Por ello, el Consejo de Estado concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las Administraciones públicas para el citado ejercicio", subraya el Gobierno.