El Gobierno aprobó ayer un decreto ley que permitirá que el Congreso de los Diputados nombre al presidente de RTVE por mayoría absoluta, y no por dos tercios, lo que habilita al Grupo Popular para aprobarlo con sus votos.

El PP podrá así recurrir a su mayoría absoluta para elegir al presidente de la Corporación si no llega a un consenso con otros partidos y, en concreto, con el principal grupo de la oposición (PSOE).

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó ayer de que el Gobierno aprobó este decreto ley para resolver el bloqueo que sufre la Corporación RTVE ante la vacante de presidente, que dimitió la pasada legislatura, y ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para sustituirlo.

La ministra portavoz anunció que el número de consejeros de la Corporación se reducirá de 12 a 9 y que no tendrán dedicación exclusiva, ni asignación salarial, salvo lo que perciban en concepto de dietas por asistir a las reuniones.

La única excepción la constituirá el propio presidente de la Corporación, informó Sáenz de Santamaría, quien recordó que el sueldo de cada uno de los consejeros ascendía a 110.000 euros anuales.

Sáenz de Santamaría incidió en la necesidad de desbloquear la actual situación de la Corporación, ante la vacante de varios consejeros y del propio presidente, un bloqueo, dijo, "que impide presentar las cuentas anuales y los presupuestos para el presente ejercicio".

El decreto aprobado ayer modifica la ley de 2010, en función de la cual se nombró con votos de PSOE y PP a los dos anteriores presidentes de RTVE y exige menos consenso para el nombramiento, aunque Sáenz de Santamaría insistió en que seguirán buscando el acuerdo de dos tercios.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, calificó de "golpe de mano" y "golpe institucional" del Gobierno el cambio de método para nombrar al presidente de RTVE, y afirmó que esto pone "fin a la televisión plural".

Nada más conocerse el decreto, Valenciano criticó duramente esta decisión desde su cuenta de Twitter. En el mismo sentido se pronunció el secretario de Organización del PSOE, Óscar López.

La vicepresidenta respondió que "lo que no era en 2006 un golpe institucional, tampoco lo puede ser en 2012". "Hemos trabajado para lograr el acuerdo pero no puede demorarse sine die", dijo también.

Así, habló de "problemas muy graves" en RTVE, que "desde hace meses no tiene presidente" y, en su ausencia, no puede presentar el anteproyecto de presupuestos y ejecutar así el recorte de 203 millones de euros establecido por el ejecutivo para los mismos.

Sáenz de Santamaría explicó que ante las "serias dificultades" para cumplir el ajuste que presenta la Corporación "debemos proceder a fórmulas de desbloqueo" consistentes, básicamente, en "volver al sistema de la Ley de 2006" en lugar del previsto hasta ahora.

Esto es, señaló, "la designación seguirá siendo parlamentaria" pero, tal y como preveía aquella norma, cuando no sea posible la aprobación por dos tercios del nombramiento de Presidente y consejeros de RTVE, se votará por mayoría absoluta.

El PSOE estudia recurrir

La Ejecutiva del PSOE estudiará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional este decreto. Así lo anunció la dirección del PSOE en un comunicado en el que subraya que no hay razones de urgencia que justifiquen la aprobación de estos cambios por decreto ley, una iniciativa que califica de "injustificable" y de "golpe institucional".

El PSOE recalca que es absolutamente falso que hubiera bloqueo en la renovación del Consejo de administración. Para los socialistas, el Ejecutivo quiere volver a "la televisión de partido" y emprende una "vuelta atrás intolerable" en el camino emprendido por el Gobierno de Zapatero para lograr una RTVE pública, independiente, plural, viable y de calidad.

Asimismo, lamenta que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya roto unilateralmente el proceso abierto junto al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para renovar de forma consensuada este y otros órganos.

El PSOE pretende iniciar además una ronda de contactos con todos los sectores sociales para defender el actual modelo de televisión pública independiente, plural, viable y de calidad.