La juez que investiga los ERE irregulares imputó ayer seis delitos al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al que definió como autor intelectual, entre otros, del "sistema operativo" de las ayudas investigadas.

La juez Mercedes Alaya leyó durante una hora y media el relato de hechos que imputa a Fernández y enumeró cuatro delitos continuados: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación. Además le imputó delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

La juez señaló a Fernández como ideólogo del convenio firmado en 2001 para canalizar las ayudas y afirmó que todas ellas son nulas de pleno derecho por vulneración del artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía al carecer de cobertura presupuestaria.

Abogados informaron de que la juez sugirió que Fernández llegó a renunciar a una ayuda de 400.000 euros en la bodega González Byass cuando ya estaba en marcha este procedimiento judicial.

Según el relato de la juez, Fernández tuvo que conocer las irregularidades de las ayudas, que se daban de forma arbitraria y sin control, y ni siquiera se crearon las obligadas Comisiones de Seguimiento. Citó que Fernández vulneró la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del consejo regulador del Jerez y que pudo conceder ayudas a empresas de esa zona por ser su localidad de nacimiento.