El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvió a imputar en el caso Gürtel a la mujer del exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, a la que atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública. Así lo acordó el magistrado en un auto notificado ayer, en el que señala que Iglesias, a quien el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira había levantado la imputación el 6 de mayo de 2010, pudo defraudar un total de 222.112,58 euros en la declaración del IRPF correspondiente a 2006. Ruz justifica la imputación en la aparición de "nuevos datos" tras dictarse el sobreseimiento, subraya que el delito podría prescribir el 30 de junio y cita a la mujer de Bárcenas para que declare el 17 de mayo. El TSJM también había archivado el procedimiento respecto del extesorero del PP, pero el 15 de marzo la Audiencia Nacional declaró nulo el auto de sobreseimiento dictado por el tribunal madrileño y volvió a imputar a Bárcenas por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal La resolución notificada ayer hace referencia a un informe de la Agencia Tributaria de junio de 2011 que señala que Iglesias "habría podido defraudar una cuota de 222.112,58 euros al reflejar una supuesta ganancia patrimonial de 558.196,97 euros como derivada de la transmisión de un elemento patrimonial adquirido el 15 de mayo de 1987, la cual estaría exenta de tributación". Nuevos datos En vista del informe, la Fiscalía solicitó en septiembre la reapertura de la causa respecto de Iglesias. Ahora, Ruz considera que procede acordarla "al haberse puesto de manifiesto (...) con posterioridad al auto de sobreseimiento provisional y su confirmación -de 6 de mayo y de 1 de diciembre de 2010, respectivamente- nuevos datos de los que indiciariamente se podría derivar su responsabilidad penal en los hechos objeto de investigación". El juez añade que éstos pueden estar relacionados con los que "han sido investigados respecto de su cónyuge, Luis Bárcenas, actualmente imputado". Rechaza por ello la petición del exsenador de que no se reabriera el caso y decide no esperar tampoco a que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la cuestión de nulidad planteada por éste ante la sala de lo penal. La razón es que los hechos "podrían prescribir el 30 de junio para el caso de que con antelación no se hubiera dirigido formalmente el procedimiento" contra Iglesias, que tendrá que comparecer ante el juez el 17 de mayo.
