El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma directa e "íntegramente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua". La medida busca "evitar duplicidades y solapamientos" y ha sido vista con buenos ojos por el Gobierno valenciano al considerar que pone fin a una situación "ilógica".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.

A raíz de esta sentencia, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomunitarias, lo que significaba que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.

Sin embargo, la vicepresidenta ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.

Se trata de "no multiplicar costes por tres, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado", ha manifestado la dirigente ''popular''.

Asimismo, ha sostenido que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía" en la gestión de las confederaciones hidrográficas.

El Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

Esta modificación pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.

Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.

TRASLADO DE RESIDUOS

La vicepresidenta ha puesto el ejemplo "paradigmático" de los residuos y su traslado, ya que si éste pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que ha considerado "complejo" para empresas, usuarios o quienes lleven a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.

Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.

El Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.

Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

El Real Decreto Ley de medidas medioambientales afecta a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía, tal y como han precisado fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, puesto que estas comunidades autónomas así lo recogían en la modificación de su estatuto autonómico.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de Galicia han explicado que en esta comunidad autónoma la medida no tiene efecto porque "nunca ejerció esas competencias", a pesar de que tienen algún río compartido con Castilla y León.

FIN A UNA SITUACIÓN "ILÓGICA"

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua del Gobierno valenciano, Maritina Hernández, ha expresado la "satisfacción" del Consell por la decisión de que sea el Estado el que asuma íntegramente las competencias de dominio público hidráulico, lo que a su juicio, "pone fin a la situación ilógica e ineficaz desde el punto de vista de la gestión de las cuencas hidrográficas que había generado el anterior Gobierno socialista".

Hernández ha destacado en un comunicado que la Generalitat presentó el pasado mes de noviembre un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Aguas aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el 26 de agosto de 2011, al entender que "quebraba el principio de unidad de cuenca otorgando a las comunidades autónomas capacidad para gestionar demarcaciones hidrográficas que exceden de su ámbito territorial".

Sin embargo, la medida no ha gustado todos. El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha criticado el Real Decreto Ley porque, con su aprobación, el Gobierno se convierte en "un mamporrero de las empresas ejecutoras de infraestructuras" y se pone al servicio de los intereses empresariales.

A su juicio, con esta medida el Ejecutivo ha iniciado "la demolición de la protección ambiental" y, en materia de agua, la posibilidad de ceder las concesiones de agua abrirá la vía a la "especulación" con las tierras que tengan derechos de uso de agua asociados.

Además, ha recordado que el agua se convierte en un producto, un "elemento de mercado sin más" para el que se habilita la posibilidad del comercio entre particulares sin la intervención de la administración, frente a lo que antes era una atribución de los derechos concesionales por límites temporales.

En la misma línea, la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona ha considerado que el Real Decreto Ley supone la "urgente privatización" de las aguas subterráneas, incluidas las de los acuíferos que ya están sobrexplotados, como los del entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Por su parte, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han considerado "sensata" la recuperación de las labores de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, como contempla el Real Decreto de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno en materia de medio ambiente.

En cualquier caso, han considerado que el texto aprobado supone "un retroceso" en protección ambiental ya que el texto "es una burla a la transparencia y participación".

En un comunicado conjunto, las organizaciones ecologistas han denunciado que el documento "incumple la normativa relativa al acceso a la información y participación pública" así como las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, al haberse tramitado el Real Decreto-Ley por el Ministerio "en el más absoluto secretismo".