Las empresas que contraten a personas que sean víctimas del terrorismo tendrán bonificaciones de 600 euros o 1.500 euros anuales en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función de que los contratos sean eventuales o indefinidos.
En el caso de los indefinidos, las ayudas podrán prolongarse durante cuatro años hasta llegar a los 6.000 euros, según consta en el proyecto de Ley de Reforma Laboral.
Además, los damnificados y amenazados también tendrán derecho a la movilidad geográfica y a la reducción de jornada. Esta medida entrará en vigor la primera semana del mes de julio.